Por Héctor A. Villalva
La urgencia de certificar a las policías municipales la entendemos todos los ciudadanos, la entendió el gobierno del estado, pero no así algunos presidentes, ya que poco o nada les importó cumplir en este proceso para mejorar a las corporaciones policiales, y prueba de ello es que al menos la mitad de los directores de seguridad de nuestra entidad, carecen de las certificaciones que les permitan estar en el cargo.
Ya hemos tratado este tema en varias ocasiones, y verdaderamente a nadie parece importarle que la seguridad de todos los que habitamos este estado esté en manos inexpertas. La autoridad estatal realizó un esfuerzo enorme por lograr capacitar a las policías municipales, pero los alcaldes no cumplen acuerdos, ni son aliados, y no tienen interés en que la seguridad mejore.
Quise traer nuevamente este tema a la mesa, porque recientemente se supo que a Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado obtuvo la vinculación a proceso en contra de dos elementos policiacos de la dirección de Seguridad Pública y Vialidad municipal de Panotla por el delito de abuso de autoridad.
Lo anterior nos lleva a preguntarnos sobre las diversas causales que orillaron a esos elementos a cometer actos delictivos, toda vez que ellos deberían ser parte fundamental de la prevención del delito. Muy seguramente sea que los raquíticos salarios que se les paga no les alcanza para sobrevivir; o que quizá la falta de capacitación y compromiso les llevó a cometer injusticias.
En cualquiera de los casos, no debemos perder de vista la OBLIGACIÓN de los alcaldes por brindar seguridad a sus gobernados, aunado a ello la tan urgente y necesaria capacitación porque eso nos permitirá tener mejores elementos aptos para cuidar a la ciudadanía.
Mientras tanto, seguimos esperando que el Órgano de Fiscalización Superior, cumpla con lo dicho y obligue a los alcaldes omisos a reintegrar todo lo que se ha pagado a policías que no están capacitados. No sólo por cumplir con la ley, sino porque es lo mínimo que los ciudadanos merecemos.
