Lorenzo HERNÁNDEZ
La situación laboral en Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala, ha alcanzado niveles alarmantes luego de que se diera a conocer que la alcaldesa Yazmín Jiménez Rugerio lleva más de mes y medio sin pagar los salarios de policías y otros empleados del ayuntamiento. De acuerdo con testimonios de afectados, la medida parece ser intencional, pues la alcaldesa ha admitido que su objetivo es “aburrir” a los trabajadores para que renuncien por voluntad propia y, de esa forma, evitar las obligaciones laborales de ley.
Para muchos, esta falta de pago ha significado la pérdida de ingresos fundamentales para sus familias. Policías y empleados del ayuntamiento relatan cómo han tenido que recurrir a préstamos, vender sus pertenencias o pedir ayuda a familiares para sobrevivir mientras la alcaldesa mantiene los salarios suspendidos sin una fecha clara de pago. “Nos estamos quedando sin opciones para llevar el sustento a casa”, confiesa uno de los trabajadores municipales que pidió mantener el anonimato.
A esta estrategia, que muchos ven como un abuso de poder, se ha sumado la tesorera municipal, Berenice Teoyotl, quien respalda las decisiones de Jiménez Rugerio. La alcaldesa, quien inicialmente llegó al cargo apoyada por el PRI pero posteriormente se unió a MORENA, ha mencionado que cuenta con el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar, lo cual le da, en sus palabras, “la seguridad política” para llevar a cabo estas medidas.
📉 Desesperación en aumento: Para los afectados, el panorama es sombrío. Algunos trabajadores municipales y policías, quienes arriesgan su vida y su bienestar diariamente por el bien de la comunidad, enfrentan el dilema de mantenerse en sus puestos sin ingresos o renunciar, con la incertidumbre de no recibir la compensación que les corresponde.
La noticia ha generado un fuerte descontento en la comunidad de Xiloxoxtla y entre activistas locales, quienes denuncian una violación flagrante de los derechos laborales y humanitarios. La situación está bajo la lupa de medios locales y se espera que autoridades superiores tomen cartas en el asunto para esclarecer los motivos detrás de esta controversial medida y asegurar que se respeten los derechos de los trabajadores municipales.
