Por conveniencia, diputada busca censurar a medios en Tlaxcala
Con multa de hasta 56 MDP y ocho años de cárcel
Lorenzo HERNÁNDEZ y Ximena MARTELL
La diputada de Morena, Lorena Ruiz García, desató una ola de indignación en Tlaxcala al presentar una iniciativa de ley que busca imponer sanciones desproporcionadas contra quienes difundan información relacionada con procesos penales. Detrás de esta propuesta, que amenaza la libertad de expresión y la labor periodística, se asoma un oscuro trasfondo: su vínculo directo con Carlos N., alias “El Paletas”, su esposo, detenido en 2024 por presuntos nexos con el crimen organizado.
La polémica iniciativa, presentada el pasado jueves 16 de enero de 2025 en el Congreso local, propone castigar con dos a ocho años de prisión y multas millonarias a quienes difundan imágenes o documentos de casos penales. Este intento por silenciar a los medios y restringir la transparencia ha generado críticas generalizadas, al considerarse un ataque directo contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
La única organización periodística que ha alzado la voz hasta el momento es la Confederación de Periodistas y Reporteros de México A.C. (COPREMAC), que, junto con sus más de 318 afiliados y diversas delegaciones en Tlaxcala, emitió un contundente comunicado repudiando la propuesta.
En su mensaje, firmado por su presidente, Virgilio Osorio Nava, la COPREMAC señaló que esta iniciativa “pretende encubrir cuestiones personales” y calificó de lamentable que el Congreso local sea utilizado como una herramienta de revanchismo en contra de periodistas, quienes han demostrado profesionalismo al respetar la integridad de víctimas y ofendidos.
Además, la Confederación acusó a Ruiz García de exhibir su desconocimiento de las normativas federales y las leyes locales que protegen la libertad de expresión. En su comunicado, la COPREMAC dejó en claro que la propuesta viola flagrantemente los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Adicionalmente, la COPREMAC advirtió que se reserva el derecho de acudir ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para denunciar este intento de imponer una “ley mordaza”.
Mientras tanto, otros organismos, como la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET), dirigida por Pablo Morales, no han emitido ningún posicionamiento. Asimismo, una organización del sur del estado ha guardado silencio, presuntamente debido a sus vínculos con altos funcionarios del gobierno estatal afines a Morena, lo que deja entrever la presión política que rodea este caso.
El oscuro historial de “El Paletas”
Carlos N., conocido como “El Paletas”, cuenta con un historial delictivo que incluye presunta participación en un atentado frustrado durante el Grito de Independencia en Cancún en 2010. Este operativo, que buscaba desviar a las autoridades para facilitar un rescate en prisión, incluyó el uso de granadas y francotiradores.
El ahora detenido enfrenta más de 100 carpetas de investigación por delitos como delincuencia organizada, extorsión y cobro de piso. Según informes, solo en Playa del Carmen acumula más de 50 denuncias por estos ilícitos. La extinta PGR ahora FGR ofreció en su momento una recompensa de 9 millones de pesos por su captura, evidenciando su peligrosidad.
Un golpe a la libertad de expresión
La propuesta de Ruiz García no solo atenta contra la labor de los periodistas que exponen temas de interés público, sino que también podría sentar un peligroso precedente para coartar el derecho a la información en Tlaxcala. Organizaciones de medios y defensores de derechos humanos califican esta iniciativa como un intento de represión disfrazada de ley.
El clamor por justicia y transparencia
La detención de “El Paletas”, ocurrida en Apizaco, debería representar un paso adelante en la lucha contra el crimen organizado en Tlaxcala. Sin embargo, con iniciativas como la de Lorena Ruiz García, la percepción pública apunta a un intento por proteger intereses personales y encubrir la verdad.
¿Hasta dónde llegará el vínculo entre la política y el crimen organizado? La ciudadanía exige respuestas claras y acciones contundentes que prioricen la justicia y la transparencia. En un estado donde la información debe ser un pilar de la democracia, las amenazas a la libertad de expresión solo subrayan la necesidad de un periodismo valiente y comprometido con la verdad.
¡El pueblo merece justicia, no censura!