Lorenzo HERNÁNDEZ
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que exautoridades de cinco municipios tlaxcaltecas podrían enfrentar procesos penales tras no justificar el uso de más de 38 millones de pesos en recursos federales.
Después de agotar todas las oportunidades para aclarar las irregularidades, los implicados deberán devolver el monto original junto con los intereses acumulados durante años, lo que eleva la cifra a casi 78 millones de pesos.
El caso exhibe nuevamente la fragilidad de los mecanismos locales de control y el uso discrecional del dinero público.
Entre las irregularidades más graves sobresale San Pablo del Monte, donde tres operaciones no solventadas suman 16.66 millones de pesos, señalando como responsables a exfuncionarios de primer nivel.
En el municipio de Tlaxcala, nueve observaciones por más de 9 millones de pesos implican a seis exservidores públicos, y con recargos la cifra podría duplicarse.
Chiautempan tampoco queda fuera: cinco casos no aclarados acumulan más de 5 millones de pesos, mientras que Zacatelco y Nativitas registran desvíos por 5.3 y 1.6 millones respectivamente.
Los expedientes serán turnados a la Fiscalía General de la República (FGR), donde los exfuncionarios deberán enfrentar procesos que incluyen posibles embargos, sanciones administrativas e incluso prisión en caso de no resarcir el daño.
Más allá del monto económico, está situación exhibe prácticas reiteradas de opacidad en administraciones municipales que operaron sin controles internos eficientes que años después apenas están realizando acciones para atender estos casos de corrupción.
Evidenciando que la corrupción municipal sigue siendo un problema estructural a nivel estado y que, pese a los mecanismos de vigilancia, los desvíos continúan afectando directamente los servicios y el desarrollo local.
