Demian MÁRQUEZ
Representantes de 22 sindicatos tlaxcaltecas dedicados al transporte y la construcción denunciaron una serie de ataques violentos presuntamente cometidos por un grupo ligado a un sindicato poblano, lo que ha frenado nuevamente el inicio de la ampliación a cuatro carriles de la autopista Puebla–Tlaxcala.
Arturo Saavedra, líder de la unión que agrupa a estas organizaciones, explicó que la situación se volvió crítica después de que maquinaria pesada fuera incendiada y la camioneta del líder nacional del gremio resultara baleada.
Saavedra detalló que los sindicatos tlaxcaltecas cuentan con un contrato legalmente firmado a través de una organización nacional, por lo que consideran injustificada la irrupción del grupo encabezado por Oscar Pozos, señalado por agresiones y presunta contratación de personas armadas.
Los afectados aseguran haber recibido amenazas directas y extorsiones para ceder la obra, además de advertencias sobre nuevos ataques si no aceptan sus exigencias.
Debido a esta escalada de violencia, los trabajadores solicitaron la intervención del gobierno estatal para garantizar condiciones mínimas de seguridad.
Afirmaron que, por instrucciones de la gobernadora Lorena Cuéllar, han optado por no responder a las provocaciones para evitar un conflicto mayor, por ello, se mantienen en diálogo con la Secretaría de Gobierno, que analiza las medidas a implementar para restablecer el orden y que los trabajos puedan reanudarse.
Los líderes sindicales insistieron en que los tlaxcaltecas deben ser quienes desarrollen la obra, dado que cuentan con el contrato y la autorización correspondiente.
Recordaron que nunca han bloqueado carreteras ni realizado actos violentos, pues su intención es trabajar de manera legal y coordinada, mientras que los ataques recientes corresponden a grupos externos que buscan apropiarse del proyecto.
Los daños materiales ascienden a varios millones de pesos, solo por la quema de maquinaria el día más reciente de agresiones además, el retraso en el inicio de la obra, programada desde septiembre, preocupa a los transportistas, quienes aseguran que cada intento de arranque ha sido obstaculizado por actos intimidatorios, agresiones físicas y sabotaje a las unidades involucradas.
Finalmente, los dirigentes reiteraron su llamado a que se respete el contrato vigente y pidieron al gobierno estatal y, de ser necesario, al de Puebla, intervenir para detener la incursión de grupos ajenos a Tlaxcala.
Señalaron que el conflicto no solo pone en riesgo la integridad de los trabajadores, sino también la continuidad de una obra considerada prioritaria para la región.
