Arturo MARTÍNEZ
Apetatitlán enfrentó un nuevo episodio de tensión social luego de que vecinos denunciaron presiones, omisiones y posibles actos irregulares presuntamente impulsados por el alcalde Azain Ávalos y por el director de Protección Civil Municipal, Carlos Gutiérrez, para favorecer la instalación de una gasera en un área considerada de alto riesgo por su densidad poblacional.
De acuerdo con los testimonios, el proyecto pretendía colocarse a escasos metros de infraestructura esencial: el DIF Municipal, el Banco del Bienestar, los planteles primaria y secundaria de la UPAEP, fábricas, talleres, bodegas, ductos de Pemex, el internado de Niños Amarillas y diversas zonas habitacionales. Para los vecinos, la combinación de estas instalaciones convertía cualquier incidente en un escenario potencialmente devastador.
Habitantes señalaron que el 15 de octubre Carlos Gutiérrez recorrió viviendas durante horario laboral para solicitar firmas con el argumento de justificar la instalación del proyecto gasero. Sin embargo, afirmaron que el funcionario omitió información sobre los riesgos y utilizó su cargo público como mecanismo de presión, lo que calificaron como una intervención irregular y favorecedora de intereses privados.
Ante ello, la comunidad cuestionó por qué un servidor público habría intervenido en nombre de una empresa, quién autorizó a Protección Civil a gestionar un proyecto que no corresponde a sus atribuciones y por qué el alcalde Azain Ávalos impulsó una iniciativa que, a juicio de los vecinos, ponía en riesgo directo a población vulnerable como niñas, niños y adultos mayores.
El 4 de noviembre el Ayuntamiento respondió que no existe una licencia expedida para la gasera. No obstante, los habitantes consideraron insuficiente esa aclaración y exigieron la cancelación definitiva del expediente, además de la investigación y sanción de los funcionarios presuntamente involucrados en la promoción del proyecto.
Los pobladores manifestaron que no permitirían la instalación de una infraestructura considerada de alto riesgo en un punto donde convergen escuelas, viviendas y servicios públicos. Afirmaron que permanecerían organizados para frenar lo que calificaron como decisiones opacas, autoritarias y con posibles conflictos de interés dentro del gobierno municipal.
La comunidad reiteró su determinación de impedir que la administración de Azain Ávalos avance en un proyecto que, aseguran, no responde al interés de la ciudadanía y vulnera la seguridad de cientos de familias.
