Ximena MARTELL
Un Juzgado Federal ordenó la suspensión provisional del proyecto Ciudad de la Juventud, promovido por el Gobierno del Estado de Tlaxcala, luego de considerar que su ejecución podría generar daños ambientales y sociales de difícil reparación.
La resolución fue confirmada por integrantes del colectivo Salvemos el Parque de la Juventud, quienes informaron que el Juzgado Tercero de Distrito concedió la medida cautelar tras analizar un amparo interpuesto por presuntas irregularidades en la planeación de la obra.
De acuerdo con los promoventes, el proyecto carecía de estudios técnicos indispensables, como evaluaciones de impacto ambiental y social, además de no contar con autorizaciones claras que regularan su desarrollo. Señalaron que la iniciativa fue planteada sin un proceso de consulta pública formal ni información suficiente para la población.
Los activistas advirtieron que la propuesta contemplaba la intervención directa del parque, incluyendo la posible remoción de árboles para la construcción de infraestructura como una alberca de dimensiones olímpicas, edificios administrativos y un cuerpo de agua artificial, acciones que consideraron incompatibles con la vocación ecológica del espacio.
La suspensión provisional es resultado de una serie de acciones ciudadanas que incluyeron movilizaciones, recopilación de firmas, estudios independientes sobre accesibilidad, análisis de flora y fauna, solicitudes de información pública y denuncias ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, donde se expuso el deterioro progresivo del parque derivado de su manejo institucional.
Aunque el gobierno estatal ha difundido públicamente que no se talarán árboles ni se construirá el estanque proyectado, los integrantes del movimiento señalaron que no existe respaldo documental ni compromisos firmados que garanticen dichos anuncios, además de que no se ha presentado oficialmente la versión final del proyecto.
Asimismo, acusaron la difusión de información imprecisa a través de una encuesta en redes sociales que, afirmaron, no cumple con criterios técnicos ni metodológicos y que ha sido utilizada como argumento para legitimar la obra. Recordaron que los mecanismos de participación ciudadana deben ser informados, transparentes y vinculantes, conforme a estándares internacionales.
El Juzgado determinó que existe un riesgo real de afectación irreversible al parque, al medio ambiente y a la salud pública, por lo que ordenó detener cualquier tipo de obra hasta que se resuelva el fondo del juicio. La audiencia incidental fue programada para el 28 de enero, mientras que la audiencia constitucional se celebrará el 25 de febrero.
Finalmente, el colectivo anunció que continuará con acciones legales y sociales, entre ellas una nueva jornada de recolección de firmas y la elaboración de un inventario del arbolado, con el objetivo de documentar el estado fitosanitario del parque ante el deterioro registrado.
