¿Nómina delictiva o montaje mediático? Gobierno de Tlaxcala fija postura, desacredita documento y promete colaboración total si la FGR investiga

Ximena MARTELL

En el marco de los Diálogos Circulares que diariamente encabeza el titular de la Coordinación de Comunicación del Gobierno que dirige Lorena Cuéllar, el coordinador Antonio Martínez fijó postura respecto a la presunta nómina atribuida a un grupo delictivo y difundida en un noticiero nacional por Nacho Lozano.

El funcionario estatal sostuvo que el documento mostrado públicamente debe ser sometido a un proceso de verificación formal, al señalar que, hasta el momento, no existe una investigación oficial que acredite su autenticidad. Subrayó que este tipo de libretas han sido localizadas en otras intervenciones federales en distintos estados, sin que ello constituya por sí mismo prueba plena de su contenido.

En respuesta a los señalamientos de la exsenadora Adriana Dávila, quien cuestionó la narrativa oficial en materia de seguridad, el gobierno estatal reiteró que cualquier posicionamiento debe sustentarse en indagatorias formales y no en elementos difundidos mediáticamente sin validación pericial.

La administración estatal precisó que, en caso de que la Fiscalía General de la República determine abrir una carpeta de investigación y considere los documentos como parte de un expediente oficial, el Gobierno de Tlaxcala colaborará plenamente en el ámbito de sus competencias. Sin embargo, aclaró que actualmente no existe un procedimiento formal que confirme la veracidad del material difundido.

Asimismo, se puntualizó que la Fiscalía local carece de competencia para iniciar una carpeta de investigación si se trata de hechos de carácter federal, por lo que corresponderá a la autoridad federal determinar el origen, autenticidad y valor probatorio de los documentos exhibidos.

Respecto a la posible implicación de elementos policiales, se informó que la totalidad de la Policía Estatal cuenta con controles de confianza vigentes y está sujeta a mecanismos permanentes de evaluación y disciplina interna. Se reiteró que cualquier señalamiento deberá ser investigado por la autoridad competente y, de acreditarse responsabilidades, se actuará conforme a derecho.

Finalmente, el tema fue abordado en la Mesa de Seguridad, donde se reconoció que preocupa cualquier intento de células delictivas por establecer vínculos en la región. No obstante, se enfatizó que la prioridad institucional es blindar al estado con responsabilidad, evitar especulaciones y actuar únicamente con base en investigaciones formales y sustento jurídico.

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