Durante sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, la diputada Gabriela Hernández Islas, presentó la Iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con el objetivo de establecer la implementación obligatoria de un Programa Estatal de Empleo Temporal que opere de manera anual.
En su exposición ante el Pleno, Hernández Islas señaló que el derecho al trabajo digno es un principio constitucional que obliga al Estado a generar condiciones reales de acceso al empleo, especialmente para los sectores que enfrentan mayores barreras en el mercado laboral. En ese sentido, expuso que en Tlaxcala más del 70 por ciento de la población ocupada trabaja en condiciones de informalidad, lo que implica falta de seguridad social, bajos ingresos y mayor vulnerabilidad económica.
La propuesta legislativa plantea adicionar el artículo 9 Ter y un segundo párrafo a la fracción I del artículo 62 de la citada ley, con el propósito de que el Ejecutivo estatal implemente cada año un programa que brinde oportunidades de empleo temporal remunerado a personas desempleadas o subempleadas, mediante su participación en actividades de utilidad social, comunitaria, ambiental o de infraestructura básica.
Asimismo, la Iniciativa establece que el programa deberá priorizar a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas cuidadoras y habitantes de comunidades con alto rezago económico, garantizando condiciones de trabajo dignas, seguras y con una remuneración no inferior al salario mínimo vigente.
La diputada argumentó que la institucionalización de este mecanismo permitirá fortalecer las políticas públicas en materia laboral, reducir la pobreza laboral y generar oportunidades económicas en las comunidades. Además, plantea que el programa cuente con reglas de operación, metas, indicadores y mecanismos de rendición de cuentas, así como con los recursos necesarios previstos en el Presupuesto de Egresos.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
