¿Se perdió la lana? ¿Presidentes municipales tranzas? Auditoría observa más de 418 millones en Tlaxcala

Lorenzo HERNÁNDEZ

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un monto por 418 millones 325 mil 300 pesos pendiente de aclaración durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2024 en Tlaxcala.

Las observaciones alcanzan a municipios, universidades y al Poder Ejecutivo, aunque la mayor parte corresponde a los ayuntamientos, donde el posible daño a la Hacienda Pública Federal asciende a 369 millones 246 mil 100 pesos.

De acuerdo con el informe, 39 de los 60 municipios del estado recibieron observaciones.

Tetlatlahuca encabeza la lista con el mayor monto observado, seguido por Santa Catarina Ayometla, Xicohtzinco, Santa Cruz Quilehtla y Tzompantepec, concentrando entre los cinco los montos más elevados por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

La ASF señaló diversas inconsistencias, entre ellas la ausencia de registros contables y presupuestales, documentación comprobatoria insuficiente y observaciones relacionadas con recursos del FAISMUN y Fortamun.

También detectó falta de evidencia para acreditar la instalación total de 50 botes de basura y 50 jardineras, conforme a lo reportado en las estimaciones de obra.

En la relación de municipios con observaciones también aparecen Chiautempan, San Damián Texóloc, Acuamanala, Ziltlaltépec, San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala capital, San Pablo del Monte y Tenancingo, con montos que van de los 8.5 a los 25 millones de pesos.

La ASF precisó que las observaciones corresponden a la revisión de la Cuenta Pública 2024 y recordó que ese año hubo renovación de ayuntamientos, por lo que aún no se determina a qué periodo administrativo corresponde la responsabilidad de cada caso.

Entre las administraciones municipales involucradas figuran gobiernos emanados de Morena, PT, PRI, PRD, PAC, Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas, Nueva Alianza Tlaxcala y PAN, lo que refleja que las observaciones alcanzan a autoridades de distintas fuerzas políticas y que el proceso de solventación continuará conforme a los plazos establecidos por la Auditoría Superior de la Federación.

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