Lorenzo HERNÁNDEZ
La diputada local del PAN, Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, presentó ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) una queja contra el secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón, por presuntos actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
El recurso fue ingresado el 22 de septiembre ante la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo electoral.
El señalamiento deriva de declaraciones realizadas por el funcionario el pasado 7 de septiembre, durante su participación en los Diálogos Circulares transmitido por canales oficiales del Gobierno de Tlaxcala.
Marroquín fue cuestionado sobre una iniciativa de Martínez Sánchez para establecer un requisito de cinco años de residencia en la entidad para quienes ocupen algunas secretarías del gabinete estatal, propuesta que la legisladora presentó posteriormente ante el Congreso.
De acuerdo con la queja, en lugar de centrarse en el contenido de la iniciativa, el secretario cuestionó la preparación de la legisladora y realizó expresiones como “que se le meta bien al estudio” y “que analice bien lo que está presentando”.
La diputada sostiene que estos comentarios buscaron desacreditar su capacidad para desempeñar el cargo y que, por su contexto, podrían constituir violencia política en razón de género.
Martínez Sánchez argumenta que las expresiones deben analizarse bajo las normas que protegen la participación política de las mujeres, al considerar que no se trató únicamente de una diferencia de opiniones sobre una propuesta legislativa.
Previamente, organizaciones como Mujeres en Consenso también señalaron públicamente las declaraciones y pidieron que fueran revisadas por las autoridades correspondientes.
Entre las medidas solicitadas por la legisladora se encuentran el resguardo y certificación del video del evento, medidas cautelares para evitar la repetición de expresiones similares y la investigación de los hechos.
También plantea que, si se acredita la infracción, se ordene una disculpa pública y capacitación en perspectiva de género para el funcionario.
El asunto será tramitado mediante un procedimiento especial sancionador.
Por su parte, el ITE deberá integrar el expediente y, conforme avance el procedimiento, corresponderá a la autoridad jurisdiccional electoral determinar si las conductas denunciadas configuran o no violencia política contra las mujeres en razón de género.
