Lorenzo HERNÁNDEZ
El coordinador de Comunicación del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, descartó que la declaratoria de emergencia ambiental implique privatizar la recolección de basura; sin embargo, reconoció que los municipios podrán recurrir a empresas privadas para resolver la disposición final de sus residuos.
La diferencia, explicó, radica en que los ayuntamientos conservarán la responsabilidad de recolectar los desechos, mientras podrán contratar rellenos sanitarios privados para depositarlos.
Martínez Velázquez defendió que el manejo de la basura es una obligación constitucional de los municipios y no del Gobierno estatal, pese a que este último ha colaborado mediante convenios.
Bajo ese argumento, sostuvo que cada ayuntamiento debe ajustar sus recursos y logística para atender el problema, aunque la emergencia ambiental abre la puerta a alternativas privadas que podrían incrementar los costos por el traslado de los residuos a otros estados.
El funcionario señaló que la declaratoria busca reducir trámites burocráticos y acelerar la búsqueda de soluciones ante la saturación de los sitios de disposición final.
No obstante, su explicación coloca a los municipios frente a la responsabilidad directa de reorganizar el servicio y asumir las consecuencias financieras de las opciones que contraten, mientras el Gobierno estatal sostiene que ha cumplido con sus atribuciones ambientales.
En sus declaraciones, Martínez Velázquez también cuestionó que durante los últimos 25 años los ayuntamientos no hayan desarrollado modelos sostenibles para el manejo de residuos y atribuyó parte del problema a la falta de previsión municipal.
Sin embargo, no detalló qué alternativas concretas se ofrecerán a los gobiernos locales ni cómo se evitará que el costo de la disposición final termine presionando sus presupuestos.
Sobre la Feria de Tlaxcala, informó que existe un plan coordinado entre el Gobierno estatal y los municipios de Tlaxcala y Totolac para recolectar y disponer de los residuos generados en el recinto ferial, que pertenece a la administración estatal.
Adelantó que el secretario de Medio Ambiente, Pedro Quirino Alvarado, dará a conocer más detalles sobre las medidas previstas.
Así, mientras el Gobierno estatal presenta la contratación de rellenos privados como una alternativa para atender la emergencia, mantiene el argumento de que la obligación del servicio corresponde a los municipios.
La discusión deja pendiente precisar qué apoyo financiero y operativo ofrecerá el estado para evitar que los ayuntamientos enfrenten solos los costos de una crisis ambiental que afecta a la población de toda la entidad.
