Lorenzo HERNÁNDEZ
La diputada local Miriam Martínez Sánchez responsabilizó a la Secretaría de Medio Ambiente de no anticipar las consecuencias del cierre de los sitios de disposición final de residuos y exigió que su titular explique qué medidas tomó para evitar la contingencia ambiental que actualmente enfrentan los municipios de Tlaxcala.
La legisladora sostuvo que las deficiencias en los rellenos sanitarios eran conocidas desde tiempo atrás. Como ejemplo, mencionó que un diagnóstico estatal publicado en diciembre de 2025 reconocía que los cuatro espacios administrados por la dependencia en Atlangatepec, Huamantla, Nanacamilpa y Panotla, incumplían la normativa ambiental.
Añadió que desde 2024 existían observaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin que, a su consideración, se implementara una estrategia suficiente para garantizar la continuidad del servicio.
Martínez Sánchez cuestionó que los ayuntamientos recibieran apenas nueve días de anticipación para buscar nuevos lugares donde depositar sus residuos, luego de la conclusión de los convenios estatales.
Señaló que la situación involucra a 60 municipios que generan alrededor de mil 466 toneladas de basura al día, mientras que las alternativas privadas planteadas contemplan tarifas de entre 293 y 416 pesos por tonelada, sin incluir los gastos de traslado, combustible y operación.
La diputada también puso en duda las condiciones bajo las cuales opera el sitio de disposición ubicado en Plan de Ayala, por lo que pidió transparentar sus permisos, vigencia y responsables.
Asimismo, advirtió que el cierre de los espacios anteriores dejó sin sustento a familias que realizaban labores de recuperación de materiales, entre ellas más de 250 pepenadores y 50 recicladores vinculados al relleno sanitario de Panotla, según los datos que presentó.
Ante este panorama, anunció que promoverá desde el Congreso local un llamado a comparecer al secretario de Medio Ambiente y planteó la necesidad de un plan de atención por municipio, con recursos para transporte y operación, además de hacer públicos los convenios y sus condiciones financieras.
Sostuvo que la prioridad debe ser retirar los residuos acumulados y garantizar que las decisiones sobre su disposición se tomen con transparencia y sin trasladar toda la carga económica a los ayuntamientos.
