AGUASCALIENTES, Ags. (apro).– El gobierno de Aguascalientes anunció que permitirá el acceso a los documentos sobre la instalación de la segunda planta de Nissan Mexicana en la entidad, luego de que al inicio de su administración, el panista Martín Orozco Sandoval los reservara durante cinco años.
La secretaria general del Gobierno de Aguascalientes, Siomar Estrada, anunció que se dará acceso a la información relacionada con el ejercicio de recursos, y el director de Comunicación Social, Jorge López, prometió que no habría obstáculos para la entrega de los documentos.
Lo anterior, luego de la publicación en la edición 2258 de la revista Proceso del reportaje “Nissan y el gobernador Lozano armaron negocios con terrenos donados”.
En el reportaje, realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, se señala que el gobierno encabezado por el priista Carlos Lozano adquirió terrenos para donarlos a la armadora de automóviles Nissan, sin embargo, la trasnacional vendió esas tierras en 2015.
Para poder hacerlo fueron necesarias modificaciones a la ley que impulsó el mismo gobernador, según establece la investigación.
Entre agosto de 2017 y julio de 2018, el gobierno encabezado por Orozco Sandoval reservó por cinco años:
“Todas las actas del comité técnico, comisiones técnicas y subcomité de enajenaciones” del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes (FIADE), incluida el acta donde se habría aprobado la compra y donación de tierras para Nissan (expediente CJ-002/2017).
“Todos los estados de cuenta, contratos de otorgamiento de apoyos y/o créditos entre el FIADE y particulares y/o entes públicos, y todos los documentos que forman parte de ellos” (CP-003/2017).
“Todos los contratos y convenios celebrados por el FIADE relativos a la adquisición de bienes inmuebles con entidades públicas y privados” (CP-004/2017).
“Documentación y comunicaciones internas generadas y derivadas de los mismos, relativas a los procesos de licitación y subastas públicas del FIADE, hasta en tanto no se emita fallo correspondiente, excepto las bases de licitación una vez ya estén debidamente publicadas” (CP-005/2018).
Las reservas, impuestas después de que el FIADE recibiera solicitudes de información de documentos específicos, están publicadas en el catálogo de expedientes reservados en la página de transparencia del propio Fideicomiso. Dicha sección está actualizada hasta 2018.
“Esta reserva de información es inconstitucional porque las reservas se tienen que hacer caso por caso y tiene que haber un análisis para ver si hay alguna información que sea de interés público. La reserva per sé de toda la información es inconstitucional”, sostiene Sarahí Salvatierra, investigadora del programa de Rendición de Cuentas y combate a la corrupción de Fundar, Centro de Investigación y Análisis.
