Raúl Contreras Flores
La irrefrenable ola de violencia que se expande a lo largo y ancho del territorio tlaxcalteca, traducida de manera harto significativa en el caso de los homicidios dolosos, no se resuelve con decisiones de carácter meramente administrativo, como lo es el hecho de cambiar el membrete a la hoy extinta Comisión Estatal de Seguridad y nombrarla ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana, a pesar de las buenas intenciones que subyacen en esta decisión apuntalada por la anunciada restructuración “a fondo” que, presumiblemente, se llevará a cabo en la dependencia.
En efecto, en días pasados el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez tomó protesta como secretario de Seguridad Ciudadana al hasta entonces comisionado Estatal de Seguridad Eduardo Valiente Hernández, uno de los personajes, si no el principal, sobre quienes recae la importante labor en cuanto a proporcionar servicios de protección y vigilancia a las personas físicas y morales, tanto del sector público como privado; es decir, que una de las funciones sustantivas de este cuerpo de seguridad es instrumentar acciones de prevención y combate al delito, a fin de preservar el orden en la vía pública y proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos.
Si bien los datos duros que arrojan las estadísticas de organismos nacionales avocados al análisis del comportamiento delincuencial en el país, refieren que el estado de Tlaxcala aún se mantiene dentro de los tres estados con menor incidencia delictiva, lo cierto es que amplios sectores sociales ya comenzaron a mostrar su ira a través de las redes sociales, exigiendo a las autoridades correspondientes poner alto a la ya larga cadena de muertes provocadas por medios violentos, cuya escalofriante cifra alcanza, tan sólo en 25 días del presente mes, a cerca de 30 personas muertas en medio de la tortura y la ejecución, esto de acuerdo a lo señalado en diferentes medios locales especializados en la nota roja.
Sin olvidar que nuestro agraviado país padece desde sexenios atrás estas atrocidades, y que prácticamente está convertido en rehén de la delincuencia organizada materializada en la presencia de peligrosos grupos dedicados al tráfico de droga, al narcomenudeo, la trata de personas, el robo de combustibles, el secuestro exprés, la extorsión y el pago de derecho de piso, entre otros delitos, lo cierto es que hasta este momento se desconoce cuáles son las estrategias aplicadas por los cuerpos de seguridad de la entidad para enfrentar estos flagelos.
A la fecha no existe ningún pronunciamiento mediante el cual la hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana fije postura al respecto. Por otro lado, la coordinación entre municipios en materia de seguridad es apenas incipiente, razón por la cual la reacción frente a hechos delictivos es lenta o nula. A estos factores habrá que sumar la falta de equipo, armamento, capacitación y certificación de confiabilidad de un alto porcentaje de los elementos que integran los cuerpos de seguridad y, en el peor de los escenarios, la complicidad que pudiera existir entre éstos y la delincuencia organizada.
Otro punto débil en el combate a los grupos criminales se encuentra en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en donde los resultados de las investigaciones de las muertes violentas son escasos; condición que aumenta la falta de confianza ciudadana en esta dependencia, por lo tanto, una cantidad significativa de los delitos cometidos quedan sin ser consignados, ya que las víctimas prefieren quedarse calladas antes que “ir a perder el tiempo”, cuando de antemano saben que “no va a pasar nada” con su demanda o queja interpuesta.
Ante la falta de comunicación oficial, pero, sobre todo, de resultados, la incertidumbre y desconfianza generan una serie de rumores y especulaciones que debilitan a las instituciones gubernamentales, aunado a las desafortunadas declaraciones del titular de la PGJE, al declarar que esta serie de homicidios dolosos son hechos “atípicos”, o que al territorio tlaxcalteca se le ha tomado como tiradero de cadáveres; no obstante, los cuerpos que en estos últimos días han sido localizados sugieren todo lo contrario, es decir, que las ejecuciones se han realizado en esta entidad.
Por supuesto, mientras no haya resultados creíbles por parte de la Procuraduría del estado, todo seguirá envuelto en meras especulaciones.
Misma actitud ha asumido el secretario de Gobierno José Aarón Pérez Carro, funcionario que llegó un tanto cuestionado respecto a la responsabilidad que tuvo en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, acontecida en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, la trágica noche del 26 de septiembre de 2014, “cuando ostentaba un alto cargo en la Procuraduría General de la República (PGR), y fue relevado en medio de fuerte críticas por fallas cometidas durante el proceso de investigación.” (https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pgr-releva-a-funcionarios-de-alto-rango-en-caso-ayotzinapa).
Tres funcionarios que a la fecha les falta entregar resultados positivos en materia de seguridad. Más allá de quienes ocupen esos puestos clave, lo que Tlaxcala necesita son funcionarios comprometidos con la responsabilidad que les ha conferido el gobernador Marco Antonio Mena; solicitar el apoyo federal e incorporarse en la coordinación y diseño de estrategias que involucren a los cuatro órdenes de gobierno, en donde se privilegie la capacitación y certificación de confiabilidad de los cuerpos policíacos para limpiar la posible infiltración de la delincuencia organizada en estas agrupaciones. Aunque el inicio quizá sea reconocer que en Tlaxcala la incidencia de homicidios violentos va en franco ascenso.
El hartazgo de la sociedad empieza a llegar al límite y ya se escuchan voces que llaman a realizar una marcha pacífica para exigir al gobierno estatal ponga freno a la violencia que se ha desatado a lo largo y ancho del territorio tlaxcalteca.
Así que no basta con cambiar de membrete a una dependencia policíaca si lo más importante no existe, es decir, el compromiso de velar por la seguridad de los ciudadanos y su patrimonio, y la entrega de resultados positivos en las investigaciones realizadas que pongan un alto también a la ola de rumores y especulaciones.
Y, como dijera el clásico: si no pueden, ¡qué renuncien!