· La dependencia mantiene la Carpeta de Investigación abierta y el grupo multidisciplinario de la dependencia trabaja para indagar si existe la complicidad de otras personas para perpetrar el robo.
La reacción táctica de los oficiales de la Policía de Investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), propició la captura de Marco N., y Carla N., quienes presuntamente participaron en el robo de dinero en efectivo a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Apizaco (CAPAMA).
La detención ocurrió el 4 de febrero, cuando a través de labores de inteligencia elementos de la Policía de Investigación los aseguraron en la colonia San Gabriel Cuauhtla, en el municipio de Tlaxcala, por lesiones calificadas, narcomenudeo y delitos contra la seguridad de la comunidad.
Una vez que fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, se documentó que Carla N., de 19 años de edad y Marco N., de 36, probablemente participaron en el robo a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Apizaco (CAPAMA) cometido el 26 de enero del año en curso.
Derivado de la investigación se estableció que la pareja ingresó a las instalaciones y amagó al personal de la institución para desapoderarlos de dinero en efectivo.
Con estos datos de prueba, el Representante Social solicitó al Juez de Control la orden de aprehensión respectiva por el delito de robo calificado, la cual les fue cumplimentada y fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional.
Asimismo, durante el desarrollo de la audiencia inicial los imputados se sometieron a la duplicidad del término constitucional; en tanto, el Agente del Ministerio Público consiguió como medida cautelar prisión preventiva oficiosa.
Cabe destacar que la Carpeta de Investigación se mantiene abierta y el grupo multidisciplinario de la dependencia trabaja para indagar si existe la complicidad de otras personas para perpetrar el robo.
La Procuraduría de Tlaxcala ratifica su compromiso de agotar todos los mecanismos legales para sancionar conforme a derecho a los imputados, garantizando así la atención y sanción de delitos.
