Por Héctor A. Villalva
En nuestro país se conoce como el gobierno de usos y costumbres, la forma de autogobierno practicada por diversos municipios de la población indígena para normar la vida de las comunidades.
Si bien es cierto que las costumbres y tradiciones son parte de nuestra cultura y que estas se transmiten de generación en generación, muchas veces esta forma de gobierno utiliza diversos argumentos para justificar actos degradantes y criminales.
Le voy a poner algunos ejemplos.
En algunos municipios de Guerrero y Oaxaca tienen por costumbre la venta de niñas; de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el año pasado, se tenía registro de que por lo menos tres mil niñas, han sido vendidas en esos estados, su forma de gobierno de Usos y Costumbres lo permite, pero la venta de niñas y mujeres es un DELITO.
El pasado 15 de abril en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan de Chiautempan un individuo es encontrado robando una casa habitación y aunque este hecho nunca se le pudo comprobar, una turba de enardecidos pobladores lo golpearon hasta el cansancio para después quemarlo vivo, y provocarle la muerte.
Los principios de legalidad, presunción de inocencia y el derecho a defenderse de la acusación de robo se fueron con él en la hoguera y quedaron hechos cenizas.
En ambos casos se cometieron delitos que hoy los responsables deben pagar por ellos.
El Congreso Local debe estar más atento a estas formas de gobierno y expedir leyes que garanticen que no se violente la Constitución pues en lugar de Usos y Costumbres, muchos de esos gobiernos se rigen por Abusos y Costumbres.
Las tradiciones son parte de la identidad de los pueblos y habrá que respetarlas, pero aquellos usos y costumbres que violentan la dignidad de las personas porque es pertenece a su cultura no son Constitucionales y se deben erradicar.
Los derechos humanos fundamentales como el derecho a un juicio no son excluyentes sino incluyentes, es decir no son selectivos y aplican a todos los sectores sociales.
