En el desarrollo de la vigésima séptima sesión ordinaria, las diputadas y los diputados integrantes de la LXV Legislatura aprobaron por unanimidad el dictamen de la Iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo del Estado, cuyo propósito es actualizar denominaciones institucionales, derogar disposiciones vinculadas a la tutela de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como modificar la integración de la Junta de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), con el fin de garantizar protección inmediata y mayor certeza jurídica a personas en situación de vulnerabilidad.
El dictamen, presentado ante el Pleno por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos que preside el diputado Jaciel González Herrera, señala que las reformas armonizan la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala con la estructura orgánica vigente, al actualizar las denominaciones de las Subprocuradurías de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Procuraduría de Protección a Personas Adultas Mayores, a fin de fortalecer los mecanismos de atención y garantizar intervenciones oportunas.
Asimismo, se plantea modificar la integración de la Junta de Gobierno del DIF Estatal para actualizar la denominación de sus integrantes y mejorar la coordinación entre áreas vinculadas a la seguridad, justicia, educación y política social. De igual forma, se contempla la actualización de la denominación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, antes Secretaría de la Función Pública, para mantener la coherencia institucional de la Ley.
El dictamen destaca la creación de Subprocuradurías, así como de la Procuraduría de Protección a Personas Adultas Mayores, adscritas al Sistema Estatal DIF. Estas instancias brindarán atención especializada, asesoría jurídica, acompañamiento psicológico y seguimiento en casos de vulneración de derechos, restitución, tutela, abandono o violencia. Se establece que las Subprocuradurías operarán por distritos judiciales y coordinarán acciones con las Procuradurías Municipales y la Procuraduría Estatal para garantizar respuestas oportunas y profesionales.
Respecto a las personas adultas mayores, la iniciativa prevé fortalecer su protección mediante una Procuraduría especializada, encargada de promover el respeto a su dignidad y derechos humanos, así como de realizar verificaciones, visitas domiciliarias, canalizaciones y acciones de representación y asistencia jurídica.
Tras su aprobación, el Proyecto de Decreto fue remitido al Ejecutivo para su sanción y publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
