Ximena MARTELL
Una revisión reciente en materia de rendición de cuentas reveló que más del 50 por ciento de los ayuntamientos de Tlaxcala presentan deficiencias en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, al no mantener actualizada la información que por ley deben difundir en sus plataformas oficiales.
En total, 33 municipios registran retrasos o incumplimientos, lo que se reflejó en una evaluación promedio de 4.7 puntos, resultado considerado insuficiente frente a los estándares que establece la normativa en materia de acceso a la información.
Entre las principales irregularidades detectadas se encuentra la ausencia de reportes trimestrales, contratos, programas sociales, comprobación de gastos y datos de nómina, documentos que deben estar disponibles para consulta pública.
La evaluación también identificó 11 ayuntamientos con faltas particularmente serias, al no cargar de manera adecuada la información correspondiente a distintos periodos. Los municipios señalados son Nativitas, Santa Cruz Quilehtla, Contla, Santa Cruz Tlaxcala, Papalotla, Cuapiaxtla, San José Teacalco, Tetla, Apetatitlán, Nopalucan y Zitlaltepec.
Autoridades estatales explicaron que uno de los focos rojos detectados es que varios gobiernos municipales no transparentan información básica, como los sueldos de servidores públicos o la atención a solicitudes de información realizadas por la ciudadanía.
Incluso se detectó que, de los 79 formatos obligatorios que deben publicarse, algunos municipios apenas han completado dos o tres, lo que evidencia un rezago importante en la difusión de datos públicos.
Frente a este panorama, se anunció el inicio de capacitaciones y asesorías dirigidas a responsables de las unidades de transparencia, con el propósito de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones legales en cada ayuntamiento.
Las autoridades también advirtieron que si las irregularidades continúan podrían aplicarse sanciones administrativas o multas, ya que los municipios están obligados a garantizar el acceso a la información y evitar prácticas de simulación.
Actualmente, el organismo estatal encargado de vigilar estos procesos mantiene un registro de sujetos obligados que incluye dependencias del Poder Ejecutivo, entidades descentralizadas, fideicomisos, empresas con participación estatal, ayuntamientos y diversos organismos municipales encargados de servicios públicos.
