Miles de casos que llevó la Procuraduría General de la
República (hoy Fiscalía), entre ellos, los de Emilio Lozoya, así como de ex
gobernadores hoy penden de un hilo por este motivo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró
inconstitucional el artículo 142, fracción I de la Ley de Instituciones de
Crédito que permitía al titular de la dependencia solicitar a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores información sobre sus usuarios sin previa orden
judicial.
Por lo que miles de casos que llevó a juicio la Procuraduría
General de la República (hoy Fiscalía), entre ellos, los de Emilio Lozoya así
como de ex gobernadores hoy penden de un hilo. Varios ministros de la Corte
alertaron que invalidar el artículo pondría en riesgo las investigaciones no
solo de lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada.
El ministro Jorge
Mario Pardo Rebolledo advirtió que si la Corte invalidaba el artículo para
resolver que es necesaria la orden judicial, esto va a afectar todas las
investigaciones que hay en este momento, no solo lavado de dinero, fraude, ya
que esta información es importante en materia penal, en temas de secuestro y
extorsión, por ejemplo.
“Me preocupa las consecuencias que puede tener exigir la
autorización judicial, porque en automático cuando el criterio sea notificado
(a jueces y magistrados) se van a convertir en pruebas ilícitas” todos los procedimientos,
averiguaciones o carpetas de investigación.
Debido a la gravedad del caso, el Pleno convocó para el
próximo lunes a una sesión para determinar los efectos que tendrá su sentencia.
Algunos ministros propusieron que la sentencia solo tenga efectos hacia el futuro, pero otros no coincidieron con el tema y dijeron, como Eduardo Medina Mora, dijo que la Corte debe hacerse cargo de los impactos de la resolución.
Ante esta situación, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, propuso, de manera atípica, que los cinco ministros que votaron por la constitucionalidad, participen en la discusión de los efectos, aunque esto solo le corresponde hacer a los ministros que integran la mayoría.
Zaldívar, quien fue uno de los seis ministros que votó por declarar inconstitucional el artículo declaró que la gravedad de los delitos o de las situaciones, no es excusa para el cumplimiento de la Constitución.
Indicó que el combate al delito debe ser respetando derechos humanos y no es el camino adecuado para un Tribunal Constitucional, argumentar que por la gravedad de los ilícitos, no pueden tener control judicial
