Por Héctor A. Villalva
Después de lo ocurrido en los últimos días, nos damos cuenta de que algo ocurre con los presidentes municipales, ya que muchos de ellos poco interés tuvieron en certificar a sus policías, tan sólo el pasado viernes el periodo destinado para ello vencía, luego de un año de gestión en el que la prioridad no fue la seguridad.
El año pasado, se daba cuenta de que apenas un 10 por ciento de efectivos municipales en todo el estado contaban con las certificaciones que les permiten desarrollar un mejor trabajo policial, a mediados de este 2022, apenas se avanzó a un pírrico 30 por ciento.
La situación es grave y preocupante, porque algo como la seguridad pública está en riesgo, pero los alcaldes han demostrado que su interés está en hacerse de más propiedades, recuperar lo invertido en la elección, organizar paellas, viajar por el país y el mundo, y muchas otras cosas que para los ciudadanos son innecesarias.
Los alcaldes son o se hacen, porque son sabedores de que al ciudadano poco o nada le importan los temas triviales, la seguridad pública es lo que los habitantes de Tlaxcala exigen por sobre todas las cosas. Los presidentes municipales no están haciendo su trabajo, pero no se ven a las voces que desde la tribuna más grande del estado hagan un llamado a reorientar sus gestiones y estrategias, pero eso sí, se ve a unos y otros sonrientes en las fotos de las paellas que organizan muchos presidentes.
Septiembre es un mes decisivo en términos presupuestarios, los alcaldes deberán darle prioridad a situaciones y sectores que requieren atención inmediata, como la seguridad pública, pero mientras las prioridades municipales no vayan más allá de organizar paellas, las cosas seguirán igual. No se trata de culpar a los alcaldes, sino de que asuman su responsabilidad, porque cuando andaban caminando las calles pidiendo el voto, muy seguramente garantizar seguridad pública era una de sus tantas promesas.
Los alcaldes que sigan siendo omisos ante la necesidad de certificar a sus policías y mejorar su adiestramiento y equipamiento, deberán ser objetos de responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales según sea el caso, pero hasta entonces, se seguirán riendo de los esfuerzos que los gobiernos federal y estatal han emprendido en aras de cumplir con la obligación de garantizar seguridad pública y el bien común
