Por Héctor A. Villalva
En México, el debate de la transparencia en la administración de los recursos públicos va ganando terreno, es un reto para los gobiernos garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente del presupuesto a través de una clara y permanente rendición de cuentas.
Para lograr dicho cometido, se deben contar con los mecanismos que garanticen la adecuada vigilancia de las acciones de los entes que manejan recursos públicos.
Existen diversas instituciones jurídicas y legales que regulan la rendición de cuentas; en nuestro estado el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), es el encargado de efectuar la revisión y fiscalización de los recursos públicos, ajustándose a principios de legalidad, imparcialidad, y confiabilidad.
El OFS realiza estas labores mediante auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño para evaluar la gestión pública y rendir el informe de resultados al Congreso Local.
Recientemente el OFS en su última entrega de informes de resultados, destacó que, del 31 de agosto al 31 de diciembre del 2021, los 60 municipios registraron daño al patrimonio por un monto de más de 80 millones de pesos.
Y es con estos datos que los diputados ya tienen en sus manos, quienes decidirán si las cuentas públicas de las administraciones municipales son o no aprobadas.
Esta es la oportunidad que tiene el poder Legislativo para borrar la corrupción que por años ha mermado en las curules, la fiscalización legislativa fue endeble e ineficaz, y muchos ex diputados dieron pie para que la descomposición floreciera en el seno del Congreso Local.
Todo ese exceso de corrupción tuvo efectos devastadores para Tlaxcala, se aprobaban cuentas con observaciones por millones de pesos que nunca fueron solventadas, y así dieron paso a una serie de conductas como la impunidad, el cohecho, tráfico de influencias, conflictos de intereses, peculado, sobornos, las cuales dañaron las estructuras jurídicas, políticas y financieras de nuestro estado.
Atrás de una cuenta pública reprobada existen practicas dañinas que es responsabilidad de los diputados erradicar, como daño patrimonial, endeudamiento injustificado, sobre giros presupuestales y carentes de validez, además de la falta de comprobación en ciertos rubros del gasto público.
Si a la LXIV Legislatura no le ha quedado en claro que tiene que raer la podredumbre entonces se exponen a ser rebasados por grupos, organizaciones y redes que, al amparo de la complicidad, deciden obtener beneficio con los recursos públicos.
