•Inconformes advierten: Tlaxcala necesita un sistema de transporte que funcione bajo la legalidad, con reglas claras, sin chantajes ni privilegios. La movilidad no puede seguir secuestrada por mafias disfrazadas de liderazgo gremial.
Lorenzo HERNÁNDEZ/ Ximena MARTELL
Ya son muchas las voces que se han manifestado inconformes en el estado. La crisis del transporte público en la ruta Puebla–Tlaxcala, especialmente en la Ruta 119, ha reactivado un viejo problema que las autoridades estatal y federal han querido enfrentar de fondo: la existencia de verdaderos cacicazgos que han cooptado el sistema de concesiones y operan con total impunidad.
Figuras como Fausto y Othón Tuxpan Meneses, así como Indalecio Saucedo Sánchez, reaparecieron esta semana con reclamos públicos contra el convenio de transporte interestatal firmado entre Puebla y Tlaxcala. Lo que debería ser un esfuerzo por regular y mejorar el servicio fue señalado por estos líderes como un “perjuicio” para los transportistas locales. Sin embargo, su historial revela otra realidad.
Los Tuxpan Meneses y Saucedo Sánchez no son nuevos en el sector, pero tampoco lo son en los señalamientos. Han sido acusados de prácticas como la venta irregular de concesiones por hasta 300 mil pesos, el uso de amenazas para controlar rutas, el despojo de unidades y, recientemente, el robo de placas, captado en video y denunciado públicamente.
A pesar de ello, continúan apareciendo en reuniones oficiales, emitiendo comunicados y exigiendo más privilegios. “Se victimizan, pero durante años impusieron tarifas, heredaron rutas y sabotearon cualquier intento de fiscalización”, señalaron operadores independientes que han abandonado empresas como Autobuses Puebla-Tlaxcala-Calpulalpan, hartos de los malos tratos.
“Ya estamos hasta la madre de estos pseudolíderes que no nos representan y solo nos hacen daño”, expresaron quienes ya no están de acuerdo con su liderazgo.
Los inconformes alegan que estos grupos, que se presentan como defensores de los derechos de los transportistas, en realidad han convertido el servicio público en un mecanismo de control y clientelismo. Las autoridades han sido omisas, permitiendo que personas con antecedentes de fraude, amenazas y despojo sigan operando sin rendir cuentas. ¡Ya basta!”, afirmaron con indignación.
Argumentaron que las concesiones de transporte son una facultad del Estado, no una herencia personal. Y cuando se violan sus condiciones, la ley contempla su revocación. Sin embargo, la falta de acción judicial y el silencio administrativo han perpetuado un modelo de impunidad que coloca a los usuarios en segundo plano.
Permisionarios y choferes consultados coinciden: muchos temen denunciar por miedo a represalias. “Controlan rutas como si fueran suyas, y nadie dice nada”, relataron. El transporte en Tlaxcala ha dejado de ser un servicio público para convertirse en un feudo privado, donde el poder de unos cuantos impone condiciones a todo un estado.
“Mientras los usuarios exigen unidades seguras y un sistema funcional, los líderes de siempre siguen negociando con lo público como si fuera propio. La pregunta para las autoridades es clara: ¿De qué lado están?”, cuestionaron.
Finalmente, sentenciaron que Tlaxcala necesita un sistema de transporte regido por la legalidad, con reglas claras, sin chantajes ni privilegios. “La movilidad no puede seguir secuestrada por mafias disfrazadas de liderazgo gremial.”