René ARELLANO JR
La seguridad pública de Orizaba quedó bajo el mando de un funcionario con antecedentes judiciales ampliamente cuestionados. El Ayuntamiento designó como director de la Policía Municipal a Alfredo Álvarez Valenzuela, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala durante el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros y que en 2021 se fugó cuando era buscado por la SEIDO.
El nombramiento se concretó durante el primer cabildo encabezado por el alcalde Hugo Chahín Kuri, en el que Álvarez Valenzuela rindió protesta como responsable de la corporación policiaca. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno municipal no informó si revisó su situación legal ni si el funcionario cumplió con los controles de confianza establecidos por la normatividad vigente.
El exfuncionario tlaxcalteca llegó al cargo estatal en septiembre de 2021, al inicio de la administración morenista, bajo el argumento de contar con experiencia previa en la Policía Federal y en áreas de seguridad del gobierno federal. Sin embargo, su trayectoria en el servicio público estuvo marcada por señalamientos de alto impacto.
Desde 2014, un juez federal con sede en el estado de Chihuahua había librado una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada, derivado de un operativo realizado en 2008. A estos antecedentes se sumaron denuncias periodísticas por presunto acoso sexual, vinculadas a su desempeño en corporaciones federales de seguridad.
En noviembre de 2021, cuando personal de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) acudió a cumplimentar la orden judicial en Tlaxcala, Álvarez Valenzuela se dio a la fuga desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad estatal, episodio que derivó en su destitución y dejó sin titular a la dependencia.
Tras permanecer prófugo durante varios años, fue localizado nuevamente en diciembre de 2024 por autoridades estatales y federales; no obstante, evitó su detención al promover un amparo federal, para el cual depositó una garantía cercana a 2 mil 500 pesos.
La suspensión provisional concedida impidió su captura mientras se resolvía el fondo del proceso penal. El recurso fue tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Vigésimo Octavo Circuito, con efectos frente a diversas autoridades del país, lo que frenó la ejecución de la orden de aprehensión.
Especialistas en derecho constitucional y seguridad pública señalaron que, aun cuando la presunción de inocencia se mantiene vigente, la existencia de un proceso penal por desaparición forzada representa un impedimento legal para encabezar corporaciones policiales, incluso sin sentencia condenatoria.
La Constitución y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que los mandos policiales deben cumplir criterios de honorabilidad, confiabilidad y respeto a los derechos humanos, y que la desaparición forzada, considerada un delito grave con prisión preventiva oficiosa, incide directamente en los controles de confianza.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la separación o negativa de nombramiento en estos casos constituye una medida administrativa preventiva y no una sanción penal, por lo que no vulnera el principio de presunción de inocencia.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido información pública sobre el estado actual del expediente, lo que es habitual en investigaciones bajo sigilo judicial. No obstante, la designación de Álvarez Valenzuela generó preocupación y críticas, al tratarse de un cargo estratégico para la seguridad ciudadana en Orizaba, municipio con vocación turística y reconocimiento como Pueblo Mágico.
El gobierno municipal tampoco aclaró si tenía conocimiento de la orden de aprehensión vigente ni si el ahora director de la Policía Municipal acreditó los exámenes de control y confianza, requisitos indispensables para ejercer funciones de seguridad pública.