Lorenzo HERNÁNDEZ
La fiscal general de Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán, rechazó los señalamientos de que la institución a su cargo “construya” casos contra personas inocentes.
Aseguró que la Fiscalía mantiene un índice de efectividad del 99 por ciento en delitos de alto impacto, con sentencias condenatorias respaldadas por los tribunales y solicitudes de órdenes de aprehensión avaladas por jueces.
La funcionaria insistió en que el trabajo ministerial se sostiene con pruebas científicas y bajo el sistema oral acusatorio, donde son los jueces quienes valoran los testimonios, peritajes y evidencias.
No obstante, reconoció que existen excepciones en las que los tribunales federales revierten las resoluciones locales, como fue en el caso del ex presidente de Tlalcuapan Saúl Rosales.
Sus declaraciones, contrastan con la evidencia de varios casos en los que ciudadanos pasaron años en prisión y fueron liberados tras demostrarse irregularidades en su detención y proceso.
Entre ellos, los de Keren Ordóñez., quien denunció tortura y fue absuelta tras nueve años recluida, el joven de Guanajuato Pedro Francisco, encarcelado dos años por un error de identidad, Edson, acusado del homicidio de un exdiputado y posteriormente liberado y el más reciente, el caso Tlalcuapan, con Raymundo y Saúl Rosales, este último, liberado apenas este septiembre tras tres años preso.
Estos episodios dejaron huella, pues organismos de derechos humanos y las propias víctimas documentaron fabricación de pruebas, detenciones sin orden judicial, tortura y aplazamientos deliberados de juicios.
A pesar de ello, no se ha informado de sanciones claras contra los funcionarios responsables de estas prácticas.
Mientras la fiscal defiende la solidez de las investigaciones, los casos de inocentes encarcelados solamente aumentan la percepción de desconfianza hacia la procuración de justicia en Tlaxcala, donde la efectividad de la Fiscalía se pone en duda a consecuencia de estos procesos cuestionables.
