Demian MÁRQUEZ
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), evalúa la implementación de brazaletes electrónicos como una alternativa para que ciertas Personas Privadas de la Libertad (PPL) puedan cumplir sus sentencias fuera de prisión.
De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, será en el primer trimestre de 2026 cuando se definan los criterios que determinarán a quiénes podría aplicarse esta medida, priorizando a quienes enfrentan delitos menores o mantienen buena conducta en los centros penitenciarios.
En ese sentido, la SSC mantiene comunicación con el Poder Judicial para definir los lineamientos del posible programa de brazaletes.
La intención es determinar qué perfiles podrían ser candidatos, bajo qué condiciones procesales y con qué mecanismos de seguimiento, la medida busca disminuir la presión en los penales y ofrecer opciones alternativas de cumplimiento, siempre bajo supervisión estricta.
De aprobarse, las personas que accedan al brazalete deberán cubrir el costo del dispositivo, cuyo precio aproximado en el mercado ronda los 61 mil pesos e incluye el servicio de monitoreo.
La adquisición se realizaría a través de las instituciones penitenciarias mediante procesos de licitación, mientras que los usuarios asumirían el gasto como parte de las condiciones establecidas para acceder a la prisión domiciliaria.
