Lorenzo HERNÁNDEZ
La diputada de Morena, Lorena Ruiz García, y el expresidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, sostuvieron un intercambio de señalamientos públicos que exhibe el clima político polarizado en dicho municipio.
El pleito inició cuando la legisladora publicó que votó a favor de reprobar la cuenta pública de Apizaco, por detectar más de 14 millones de pesos en irregularidades, acusando al grupo político encabezado por Hernández de pretender regresar al poder local.
El exalcalde respondió con dureza, negando relación con el dictamen negativo y cuestionando la integridad política de Ruiz García.
Incluso insinuó posibles irregularidades en el financiamiento de su carrera legislativa en 2021, demandando respuestas públicas y directas.
La réplica de la diputada no se hizo esperar, al negar haber recibido financiamiento ilegal, recordó que en 2021 ocupó una diputación plurinominal y acusó a Hernández Mejía de distorsionar la información para evadir responsabilidades políticas.
Sin embargo, el historial de la legisladora tampoco está libre de controversias, recordando que en septiembre de 2024, su pareja sentimental y padre de sus hijos, identificado por la autoridad federal como “el Paletas”, fue detenido en Apizaco por elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, acusado de tener vínculos con un grupo criminal.
En un inicio, Ruiz García reportó al 911 que se trataba de un secuestro, pero guardó silencio cuando medios de comunicación, incluso nacionales, revelaron que el hombre enfrentaba una causa penal desde 2011 por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad, llegando a dejar de aparecer públicamente para no confrontar a la prensa.
Poco después, la diputada propuso una polémica reforma para sancionar con hasta ocho años de prisión a servidores públicos, periodistas, youtubers y representantes de medios que difundieran información, imágenes o videos relacionados con investigaciones penales, lo que fue señalado por especialistas y organizaciones como un intento de censura y una amenaza directa a la libertad de expresión, en contravención de tratados internacionales y principios democráticos.
