CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio del escándalo por ser el magistrado que elaboró la sentencia por la que se obliga al columnista Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos al exgobernador Humberto Moreira, Francisco José Huber Olea Contró, defiende su ponencia aprobada por otros dos magistrados. Y señala al abogado defensor como responsable de no haber presentado las pruebas requeridas para desvirtuar las acusaciones contra el también académico del Colegio de México.
La sentencia es por una columna publicada el 20 de enero de 2016 en los diarios Reforma y Siglo de Torreón. Además, Aguayo remitió a esos textos en un tuit cinco días después de que Moreira fue detenido en España acusado de “delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho”, cargos por los que a la postre salió libre.
Entrevistado por Apro, el magistrado dice que no teme a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modifique el sentido de la sentencia. Esto, luego de que la semana pasada el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena aceptó atraer el amparo contra la sentencia del la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Niega conflicto de interés
El letrado sostiene enfático que tampoco teme a la resolución final de la queja que Aguayo presentó ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México. El académico argumentó la existencia de un conflicto de interés, pues el hermano del magistrado, Jean Paul Huber Olea Contró, fue beneficiado con una notaría por parte del exgobernador Rubén Moreira, hermano de Humberto.
“Toda la sentencia está basada en los criterios de la Corte”, afirma el magistrado, quien sostiene que, en la primera resolución, apelada tanto por Aguayo como por Moreira, no se analizó a profundidad el caso.
El juez Décimo Sexto Civil responsable de la primera sentencia, “lo que hizo fue decir ‘para mí no se reúnen los requisitos para que yo entre al estudio del asunto’, lo cual no la hace una sentencia garantista. Cuando llega a la sala nosotros sí entramos al fondo del asunto”.
La sentencia, bien fundamentada
Entrevistado en su oficina, Huber Olea afirma que el proyecto que elaboró fue apoyado por los otros dos magistrados de la Sexta Sala, Delia Rosey Puebla y Miguel Ángel Mesa Carrillo. Además, dice, está basado en el derecho internacional, en el Código Civil que rige las demandas por daño moral, así como por la jurisprudencia de la SCJN. Por ello insiste en sentirse “absolutamente tranquilo” de la resolución que la máxima instancia judicial determine sobre el caso.
Sostiene que “para los tres”, el quid del caso Aguayo no está en que en su columna mencionó el “hedor a corrupción”, sino que incluyó “una información falsa”, al decir en su texto que Moreira “se pasará once años en prisión”.
Ante la crítica de organizaciones civiles de defensa de la libertad de expresión de desechar la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, al Honor y a la Propia Imagen en el Distrito Federal, como la base de su proyecto y utilizar sólo el Código Civil de la Ciudad de México, el magistrado aseguró que el tope máximo de 40 mil pesos fijado por la primera legislación para el pago de indemnizaciones por daño moral, “la hace inconstitucional, de acuerdo con un criterio de la Corte. Y yo tengo que apegarme a esa jurisprudencia”.
Si la Corte decide modificar o revocar la sentencia, dice, “no hay problema porque no tengo ningún interés en el asunto, al contrario, la Corte que se pronuncie para que haya criterios más claros y no haya este tipo de circunstancias”.
No es culpa mía, es de la defensa
Abunda que el resultado de la resolución de la Sexta Sala Civil, está íntimamente relacionada con el material probatorio que presentaron las partes y que, en este caso en específico, la defensa del investigador del Colegio de México incurrió en “omisiones” que decidieron la suerte de su cliente.
“No es culpa del juez cuando los abogados no aportan lo necesario para que uno llegue a la convicción de algo y el abogado fue omiso en eso. Ejemplo de ello es que el exgobernador hace sus peritajes y el abogado de Aguayo no presenta nada para desvirtuarlos. ¿De quién es la culpa? ¿mía? Otra vez es culpa del abogado que de forma negligente no hizo su trabajo para defender adecuadamente a su cliente”, explica Huber Olea Contró.
Entre los peritajes que la defensa de Moreira presentó están análisis psicológicos que se le practicaron al exgobernador para demostrar el “daño moral” causado por la columna publicada en los diarios nacional y local, así como el tuit de Aguayo. También hay un análisis psicológico al autor de la columna para sostener la acusación de “malicia efectiva”. Y uno más sobre la posición económica del académico para argumentar la viabilidad del pago de los 10 millones de pesos solicitados por el exgobernador.
“Lo único que tengo que hacer es basarme en el expediente, y si en el expediente sólo viene una prueba ¿qué hago yo? No es culpa de Aguayo, es culpa del abogado, y no nos dio ninguna prueba para refutar lo que ofreció el exgobernador.
“Sin duda, a mí me parece muy lamentable que por defensas malas lleguemos a este tipo de circunstancias, y lo más fácil es echarle la culpa al juez, cuando la falta de pericia del abogado conduce a este tipo de sentencias”, sostiene el magistrado.