Lorenzo HERNÁNDEZ
A pesar de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) ha presentado 140 denuncias contra exfuncionarios por malversación de recursos públicos desde 2017, solo el 15% han recibido atención, reveló su titular, Arturo Lucio Salas Miguela.
Toda vez que el funcionario no precisó cuántas de estas denuncias involucran directamente al Poder Judicial del estado, donde recientemente se detectaron al menos 91 casos de presuntos “aviadores”.
Entre los nombres revelados destaca Germán Mendoza Papalotzi, actual consejero de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), quien habría cobrado más de 646 mil pesos en el ejercicio 2024, pese a estar simultáneamente en la nómina de la extinta Procuraduría General de Justicia.
Aun así, fue electo recientemente como magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje con más de 31 mil votos.
El caso de Samuel Morales Pulido también evidencia la permisividad institucional, ya que mientras cobraba casi medio millón de pesos del TSJE, figuraba como servidor público en la Secretaría de Movilidad del gobierno estatal.
Su historial muestra múltiples cargos simultáneos en distintos entes públicos, y contradicciones entre su currículum y sus declaraciones patrimoniales.
La persistencia de estos casos, aunada a la falta de consecuencias legales, exhibe una preocupante red de complicidades institucionales.
Mientras se discute la austeridad y la eficiencia gubernamental, altos funcionarios del Poder Judicial y otros entes duplican cargos, cobran salarios públicos sin rendir funciones claras y se mantienen impunes, ante la omisión o complacencia de las autoridades responsables de sancionarlos.
