Pensar, decir y hacer: responsabilidad de la 4T
Vicente Morales Pérez
El martes 10 de diciembre de 2024 tuve la oportunidad de presentar ante el Pleno del Poder Legislativo estatal, un proyecto de Decreto en el que se plantean una serie de reformas y adiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. El objetivo radica en construir el andamiaje jurídico que permita la armonización de la legislación local, con el paradigma federal para la democratización del poder judicial.
La iniciativa de reforma judicial en Tlaxcala propone la elección popular de jueces y magistrados, alineándose con las modificaciones constitucionales aprobadas a nivel federal. Este cambio, que se sitúa como un hito disruptivo en la historia del sistema judicial mexicano, busca democratizar y dotar de mayor legitimidad al Poder Judicial. Sin embargo, las implicaciones de esta reforma van mucho más allá de una mera modificación normativa; nos obliga a reflexionar sobre el equilibrio entre democracia y profesionalismo en la impartición de justicia.
El eje central de esta reforma reside en la elección directa por parte de la ciudadanía de los operadores del sistema judicial. Este modelo, a primera vista, representa un avance en la democratización de un poder tradicionalmente percibido como opaco y elitista. Se elimina el modelo de designaciones políticas para optar por un proceso que involucra a los ciudadanos, fomentando una mayor cercanía y confianza en las instituciones.
Desde una perspectiva positiva, la reforma responde a una demanda legítima de mayor transparencia y rendición de cuentas en el Poder Judicial. Por años, los procesos de selección de jueces y magistrados han sido objeto de críticas por su opacidad y vinculación con intereses políticos. Este modelo busca revertir esa narrativa, trasladando la decisión final a la ciudadanía y reduciendo la influencia de las élites políticas.
Además, la incorporación de mecanismos como los comités de evaluación y la regulación de campañas electorales judiciales, que limitan financiamiento privado y prohíben el proselitismo partidista, son pasos importantes para blindar el proceso de intereses externos. En este sentido, la reforma no solo democratiza, sino que también profesionaliza los procesos, al menos en teoría.
El éxito de esta reforma dependerá en gran medida de su implementación. La armonización de las leyes locales, como lo propone el Congreso de Tlaxcala, debe garantizar un equilibrio entre la participación ciudadana y la preservación de los estándares profesionales en el ejercicio judicial.
La reforma judicial representa un avance en la construcción de un sistema democrático más inclusivo, pero también revela las tensiones inherentes entre democracia y tecnocracia. Es imperativo que, además de democratizar la elección de jueces y magistrados, se fortalezcan los mecanismos de evaluación y capacitación para asegurar que los seleccionados cumplan con los más altos estándares éticos y profesionales. Esta iniciativa abre una puerta a la modernización del sistema judicial, pero su éxito dependerá de la capacidad del Estado para equilibrar la inclusión ciudadana con la especialización técnica.
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