La seguridad no se construye con medidas punitivas”, advirtió la legisladora tlaxcalteca.
La diputada local Miriam Martínez Sánchez expresó su preocupación respecto a la reciente reforma aprobada en Puebla, que obliga a los motociclistas a portar un distintivo con el número de placa en sus cascos.
Aunque reconoció que es urgente atender los delitos cometidos a bordo de motocicletas, adelantó que esta medida puede derivar en consecuencias no previstas, costos innecesarios y riesgos para los propios ciudadanos. “Estamos de acuerdo en que la seguridad vial debe fortalecerse, pero imponer un distintivo obligatorio sin resolver primero cuestiones operativas, económicas y jurídicas puede generar más problemas de los que se buscan prevenir”, señaló la legisladora panista.
Entre los principales cuestionamientos que planteó, destacan: ¿Quién emitirá los distintivos y bajo qué condiciones? ¿Tendrán costo para los ciudadanos? ¿Cómo se resolverán casos donde una persona use varios cascos o varias motocicletas? ¿Y qué pasará con motociclistas en tránsito desde otros estados? Subrayó que muchas personas utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo, sobre todo en zonas rurales. “Cargarles más obligaciones sin ofrecer soluciones o apoyos es afectar directamente a sectores ya vulnerables”, enfatizó.
Además, remarcó que colocar información visible en los cascos puede derivar en nuevos delitos, como el robo de cascos para suplantar identidad, y abrir la puerta a abusos de autoridad o extorsiones en contextos donde la aplicación de la norma no sea clara.
La diputada también destacó que esta reforma puede reforzar estigmas: “¿Por qué señalar a los motociclistas como sospechosos potenciales, cuando la inseguridad debe combatirse con inteligencia, prevención y tecnología?”, cuestionó.
Martínez Sánchez propuso que este tipo de medidas se construyan con participación de colectivos, repartidores, transportistas y motociclistas. Además, recomendó alternativas como: fortalecer el registro estatal de motocicletas con datos biométricos; aplicar programas de vigilancia con cámaras, en lugar de medidas visibles y estigmatizantes; invertir en educación vial y campañas de concientización antes de sancionar; y fomentar el uso de dispositivos de geolocalización voluntarios, apoyados con incentivos.
El llamado es a que, las leyes en materia de movilidad se diseñen “con visión integral, sin estigmatizar a quienes usan la motocicleta como un medio honesto de transporte y sustento”.
Lo deseable, puntualizó que ante estas propuestas se abra un diálogo amplio, donde se escuchen las voces de las y los motociclistas, y que la seguridad no debe construirse a costa de los derechos, la economía o la dignidad de la ciudadanía. “Requerimos políticas eficaces, claras y proporcionales, que ataquen las causas reales del problema y no generen efectos secundarios más graves que aquello que intentan resolver”.
Cabe recordar que en Tlaxcala, Martínez Sánchez lanzó la campaña “De Acero y de Ley”, una estrategia audiovisual y social que busca dignificar a las y los motociclistas en Tlaxcala, y que en su momento presentó desde la tribuna un exhorto para que los ayuntamientos armonicen sus reglamentos en materia de movilidad, en cumplimiento con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.