Nueva sentencia vs la PGJ pone en ‘jaque’ sus finanzas: amagan con el embargo

David AMADOR / René ARELLANO

Dos oficiales de la Policía de Investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y que fueron despedidos injustificadamente por el titular, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, consiguieron la sentencia definitiva y firme, para el pago de sus prestaciones de ley, cuyo monto asciende a más de un millón 300 mil pesos.
De acuerdo con el expediente 141/2019-3 del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el Procurador del Estado, Aquiahuatl Sánchez y el Consejo de Honor y Justicia de la PGJ, fueron condenados al pago por concepto de indemnización constitucional, remuneración diaria ordinaria, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y a realizar la anotación respecto a la destitución injustificada de los oficiales de la Policía de Investigación.

El fallo del TJA fue notificado a los demandados desde el pasado 20 de febrero de 2020, y a la fecha, el Procurador ha hecho caso omiso a la sentencia, por lo que los oficiales a través de las resoluciones jurisdiccionales, podrían embargar a la institución.

Y es que el expediente del TJA dictó el auto de ejecución de fuerza de mandamiento, es decir, que podrían trabajar en forma de embargo.
“Hecho el requerimiento sin que se verifique el pago al recurrente, se procederá al embargo de bienes, como ha quedado asentado en líneas precedentes, el derecho a designar los bienes susceptibles de embargo, y que hayan de embargarse, corresponde las autoridades responsables, y solo que éstas se rehúsen o estén ausentes, podrá ejercitarlo el recurrente”, así precisó el documento.

Los oficiales causaron baja a través del Consejo de Honor y Justicia de manera injustificada, desde el pasado 3 de abril de 2019, por lo que iniciaron el proceso legal, y que finalmente el Tribunal les dio la razón.

Por este motivo, los oficiales también podrían recurrir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues consideraron que sus garantías fueron pisoteadas, primero por el despido injustificado, y en segunda, por la negativa al pago de sus prestaciones de Ley.

Este asunto se suma al del expediente 01/2019-1, de otro elemento de esa corporación, quien también demostró que el Procurador y el Consejo de Honor y Justicia, lo despidieron injustificadamente, y donde el pago al afectado asciende a más de dos millones de pesos.

En suma, los tres oficiales de la Policía de Investigación, podrían embargar, ante la omisión de la institución, por más de tres millones de pesos.
En el último caso, el demandante pidió aclarar que José Antonio Aquihuatl, mintió a la ciudadanía a través de su área de comunicación social, en donde insistió, a pesar del fallo del TJA, que el despido del entonces comandante fue justificado.

Aquí la aclaración del demandante:

Hola buenas tardes, primero gracias por todo el apoyo recibido. Segundo. En relación a su nota publicada en este magnífico medio en relación al derecho de réplica por parte de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, donde hace alusión el Doctor Antonio Sánchez, todavía procurador, que descarta un posible embargo a la institución y que no fue un despido injustificado y menciona también que será las instancias correspondientes quiénes solucionen el problema. Pido por favor poder mencionar lo siguiente.

El Doctor Antonio Aquiáhuatl Sánchez y todavía titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), decidió utilizar el área de Comunicación Social de la dependencia para emitir un comunicado en el que nuevamente queda exhibido por las imprecisiones sobre mi despido injustificado como Policía de Investigación y que tiene hoy a la Procuraduría con una deuda de más de dos millones de pesos, luego de que el Tribunal Administrativo determinara que su servidor tuvo la razón.

El Doctor Antonio Aquiahuatl Sánchez, envió un boletín en el que desmiente que haya habido un despido injustificado debido a que hubo un procedimiento administrativo, no obstante, las instancias jurisdiccionales me dieron la razón al despedido y ahora la dependencia ha sido conminada a pagar más de dos millones de pesos por las prestaciones y salarios que deje de percibir.

De acuerdo con la resolución del Tribunal Administrativo, la PGJE si puede ser embargada al haber ya una sentencia por parte del Tribunal Administrativo, lo cual pondría en riesgo las labores que desempeña la PGJE.

Y efectivamente mi despido fue responsabilidad del aún titular de la PGJE, y de no cumplir la sentencia heredará el problema a la próxima administración ya que estamos a menos de dos meses para que llegue el nuevo gobierno vinculado a la 4T y de no dar cumplimiento ellos heredarán las responsabilidades de esta mala administración de justicia.