Ante los recientes señalamientos públicos sobre el manejo financiero en la administración municipal de Lázaro Cárdenas, el Gobierno que encabeza la presidenta Elena Macías Díaz desmiente categóricamente que exista encubrimiento alguno a hechos irregulares. Por el contrario, es esta administración la que ha detectado y denunciado prácticas anómalas cometidas por exfuncionarios municipales, cuyos actos se encuentran ya bajo investigación formal por parte de las autoridades competentes.
El relevo de tesoreros en la presente administración no ha obedecido a caprichos, sino a la necesidad urgente de frenar posibles actos de corrupción dentro de una Tesorería que, al inicio del periodo, presentaba movimientos opacos y sin justificación financiera. Fue precisamente la presidenta Elena Macías Díaz quien instruyó el análisis riguroso de las cuentas municipales, lo que derivó en la detección de graves irregularidades que podrían comprometer el patrimonio del Ayuntamiento.
A pesar de contar con la información suficiente para proceder, los regidores del cabildo han actuado con omisión e indiferencia, negándose a ejercer su deber de fiscalización e incluso bloqueando decisiones clave para el buen funcionamiento administrativo. Lejos de sumarse al trabajo por la transparencia, varios de ellos han optado por el silencio y la opacidad, propiciando un ambiente adverso a la rendición de cuentas.
Además, la alcaldesa ha sido objeto de ataques sistemáticos, campañas de desprestigio y violencia política en razón de género, impulsadas por intereses que se resisten a perder privilegios y que buscan colocar en ella responsabilidades que no le corresponden. Desde amenazas, presiones y falsos señalamientos, hasta la fabricación de narrativas que pretenden victimizar a quienes en realidad se han beneficiado del desorden financiero heredado.
El Gobierno Municipal informa que ya ha interpuesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), para que se investigue y se castigue a quienes hayan cometido delitos utilizando recursos públicos. La administración refrenda su compromiso de no encubrir a nadie, y de colaborar con cada instancia legal para que los verdaderos responsables enfrenten la ley.
Hoy, Lázaro Cárdenas tiene una presidenta que no se somete ni se calla, que no permite la corrupción ni se convierte en cómplice del pasado. Aunque el costo sea enfrentar ataques personales y políticos, Elena Macías Díaz sostiene con firmeza su convicción de gobernar con legalidad, transparencia y perspectiva de género.
