Diego MENA
La diputada representante de Fuerza por México (FxM), Reyna Flor Báez Lozano, presentó ante el Pleno de la 64 legislatura local la iniciativa con proyecto de decreto, con el cual se establece que el embarazo no debe ser motivo de despido o condicionante de ascenso salarial o contratación en los Ayuntamientos y Poderes de la entidad.
La congresista, agregó que con esta iniciativa se pretende que las mujeres tengan acceso a justicia laboral con paridad de género, además de una vida sin violencia e igualitaria.
La iniciativa propone que los servidores públicos en calidad de responsables de la contratación de personal, serán sancionados si se les solicitando una prueba de embarazo negativa para otorgar contratos, aumentos salariales o simple permanencia en su trabajo.
El pasado 12 de septiembre del 2008, se estableció en la Ley general de trabajo, que las instituciones privadas no pueden solicitar el certificado de no embarazo para la contratación de las mujeres.
Con la Inclusión de la mujer en el tema laboral, la Ley general de trabajo fue limitada en el tema de la contratación de mujeres en gestación o lactancia, por lo cual, el avance fue poco y desigual.
Esto, fue catalogado como violencia de género, pues los directivos empresariales se niegan a contratar a mujeres casadas, para negarse a dar prestaciones por embarazo, que contempla incapacitación, pago retroactivo y apoyo económico.
Con estos referentes y ante la ampliación de la Ley federal de trabajo para el sector privado, se propuso que las instancias públicas no puedan privar del trabajo o percepciones salariales a mujeres que se embaracen.
Además, que de hacerlo, junto con las sanciones se solicitará la reinstalación de la mujer víctima y el pago de las semanas caídas.
