La diputada Lorena Ruiz García presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que propone adicionar el artículo 295 Quinquies al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con el propósito de establecer la persecución de oficio en delitos sexuales cuando las víctimas sean niñas, niños, adolescentes o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o resistirse a él.
En la exposición de motivos, la legisladora sostuvo que el Interés Superior de la Niñez obliga al Estado a remover cualquier obstáculo que limite el acceso a la justicia de menores de edad víctimas de violencia sexual, y afirmó que retrasar investigaciones por formalismos administrativos representa una omisión contraria a los estándares nacionales e internacionales de protección a la infancia.
Ruiz García argumentó que, aunque actualmente estos delitos no requieren querella, en la práctica ministerial suelen existir retrasos ante la espera de denuncias o ratificaciones por parte de madres, padres o representantes legales, situación que puede afectar la obtención inmediata de pruebas periciales y obstaculizar el acceso a la justicia.
La legisladora señaló que la reforma busca obligar a las autoridades ministeriales a actuar de manera inmediata ante cualquier noticia criminal relacionada con posibles delitos sexuales contra menores, sin supeditar el inicio de la investigación a la comparecencia de tutores o familiares, particularmente en casos donde el entorno cercano pudiera representar un factor de riesgo para las víctimas.
Lorena Ruiz también refirió criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con la debida diligencia reforzada y la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al considerar que las autoridades deben actuar de oficio y sin dilaciones en este tipo de delitos.
Tras la presentación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
