Ximena MARTELL
En Tlaxcala, el Registro Civil enfrenta una creciente ola de señalamientos por presuntas irregularidades en el cobro de trámites y un incremento sostenido de costos que, de acuerdo con denuncias ciudadanas, habría transformado servicios básicos de identidad en un sistema con accesos cada vez más costosos y poco transparentes.
Las quejas señalan que trámites que durante años se mantuvieron en costos accesibles habrían sufrido aumentos abruptos sin una explicación pública clara. Entre los casos más recurrentes se menciona que gestiones que rondaban los 48 pesos ahora alcanzarían hasta 399 pesos, mientras que anotaciones marginales habrían escalado de 226 a más de 900 pesos, lo que ha generado inconformidad entre usuarios que acuden a realizar trámites esenciales.
Uno de los puntos más delicados se centra en las aclaraciones de actas, donde los costos, según los denunciantes, habrían alcanzado entre 4 mil y 5 mil pesos desde octubre de 2024, incluso en situaciones en las que los errores provendrían de procesos internos de la propia autoridad. Esta situación ha sido interpretada por usuarios como una carga económica injustificada que impacta directamente en el derecho a la identidad.
A estas acusaciones se suma la presunta exigencia de pagos en efectivo en diversos trámites, en algunos casos sin la entrega de comprobantes oficiales. Este hecho ha encendido alertas sobre la trazabilidad del dinero recaudado y la ausencia de mecanismos claros de control, lo que, de confirmarse, implicaría un riesgo en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Las denuncias también alcanzan la operación de oficinas regionales, donde se cuestiona la supervisión institucional y la forma en que se habría integrado personal sin procesos de control suficientemente claros. Estas versiones apuntan a posibles fallas estructurales dentro de la Coordinación del Registro Civil, lo que habría permitido prácticas discrecionales en la atención y cobro de servicios.
En medio de estas acusaciones, diversas voces consultadas sostienen que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros no tendría conocimiento directo de estas prácticas, lo que traslada la responsabilidad hacia mandos operativos y áreas administrativas encargadas de ejecutar y supervisar los procesos cotidianos.
Hasta el momento no existe un posicionamiento oficial detallado que responda a la totalidad de los señalamientos. Sin embargo, las exigencias ciudadanas se concentran en una auditoría integral, la revisión inmediata de tarifas, la transparencia en el manejo de recursos y el deslinde de responsabilidades dentro de la estructura operativa del Registro Civil.
Mientras las denuncias continúan acumulándose, el caso abre un cuestionamiento de fondo sobre el acceso a servicios básicos de identidad en el estado y sobre si los mecanismos de control institucional están funcionando o han sido rebasados por prácticas administrativas sin supervisión efectiva.
