Lorenzo HERNÁNDEZ
A pesar de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) detectó un daño patrimonial de 391.8 millones de pesos solo en el ejercicio 2024, la realidad en Tlaxcala es que menos del 15% de las denuncias por irregularidades financieras desde 2017 han terminado en sanciones efectivas.
Es decir, los responsables de desvíos, omisiones o corrupción siguen operando impunemente, mientras el aparato de fiscalización parece más una figura decorativa que una herramienta de justicia.
El propio titular del OFS, Arturo Lucio Salas Miguela, reconoció que la mayoría de las observaciones no son solventadas y que, aunque hay 140 procedimientos en curso, el organismo no tiene facultades para darles seguimiento.
El resultado es un sistema que detecta, pero no corrige, que señala, pero no castiga. “La ley debe ser más clara, más estricta y más ágil. Necesitamos que las sanciones no tarden años y que la justicia deje de ser una simulación”, sentenció.
Es de señalar que en la cuenta pública corresponde al 2024, el OFS auditó más de 15 mil millones de pesos de gasto público y encontró más de nueve mil observaciones sin aclarar, muchas de ellas relacionadas con obras públicas mal ejecutadas, sobre las cuales el 16.8% ni siquiera cumplió con los estándares técnicos.
Sin embargo, ni las irregularidades ni la baja calidad de las obras han tenido consecuencias reales para funcionarios o contratistas.
El Congreso local, por su parte, se alista para dictaminar las cuentas públicas de 108 entes, pero lo hará bajo un margen de tolerancia aún más permisivo.
Ya que ahora se considera daño patrimonial a partir del 5% del presupuesto auditado, cuando antes era del 7%.
Además, el presidente de la Comisión de Finanzas, Bladimir Zainos, ya adelantó que se centrarán únicamente en las cuentas de 2024, dejando en el limbo ejercicios pasados aún sin resolución.
Es así que el vacío legal en los procesos sancionadores y la tibieza del Congreso, dejan claro que en Tlaxcala la fiscalización es más un trámite político que un verdadero instrumento contra la corrupción.
Mientras tanto, los recursos públicos siguen escurriéndose sin consecuencias, dejando como únicos afectados a los ciudadanos con los desfalcos millonarios en los tres niveles del gobierno del estado.
