TCyA desacata fallo federal a favor de Enrique Escobar como líder del sindicato 7 de Mayo

Interpondrán un nuevo amparo ante la violación de sus derechos laborales y de representación

Demian MÁRQUEZ

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado (TCyA) volvió a desafiar una resolución de la justicia federal al negarse a emitir la toma de nota a favor de Enrique Escobar Cortés, quien fue reconocido judicialmente como el secretario general legítimo del Sindicato 7 de Mayo.

Pese a que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito ordenó restituirlo en el cargo, el TCyA incumplió el plazo establecido para acatar la sentencia, que venció el pasado martes a medianoche.

La resolución federal anuló todos los actos que avalaron la dirigencia de Karina Erazo Rodríguez, incluida la toma de nota que la mantuvo casi dos años al frente del gremio.

No obstante, el órgano estatal optó por desconocer nuevamente el fallo, lo que generó inconformidad entre la mayoría de trabajadores que respaldan a Escobar.

Dicha negativa, fue calificada como un acto de traición a la legalidad y a la imparcialidad que toda autoridad debería garantizar, de acuerdo con sindicalizados en redes sociales, al denunciar que el Tribunal actúa en favor de una minoría que busca perpetuarse en el poder sindical.

Los inconformes aseguraron que promoverán un nuevo amparo ante la omisión del TCyA y la vulneración de sus derechos laborales y de representación.

El conflicto sindical se agudiza luego de que la justicia federal reconociera que la elección encabezada por Escobar fue legítima y contó con el respaldo de más del 70 por ciento de la base trabajadora.

La negativa del Tribunal estatal, dijeron los trabajadores, solo prolonga la crisis interna y mina la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar la justicia laboral.

Con este nuevo desacato, el caso del Sindicato 7 de Mayo se mantiene como uno de los episodios más controvertidos en la vida sindical de Tlaxcala, al evidenciar la falta de independencia del TCyA frente a intereses políticos y personales que impiden el cumplimiento pleno del Estado de derecho.

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