Arturo MARTÍNEZ
En Tlaxcala, las contradicciones y omisiones legales parecen ser la regla cuando se trata de la clase política. Mientras Ángelo Gutiérrez Hernández, nuevo dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), enfrenta tres denuncias graves por violación, hostigamiento y agresión sexual, su esposa, la diputada local plurinominal del PAN, Miriam Martínez Sánchez, se presenta como defensora de los derechos de las mujeres, pero guarda un silencio que muchos califican como cómplice.
Las denuncias en contra de Gutiérrez Hernández datan de 2021, cuando tres mujeres lo señalaron ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (hoy Fiscalía General de Justicia). Una lo acusó de violación, otra de hostigamiento sexual y una más de abuso sexual. A pesar de la gravedad de las acusaciones y de la vigencia de la Ley 3 de 3, que impide que agresores de mujeres o deudores alimentarios ocupen cargos públicos, el esposo de Martínez no solo asumió la dirigencia estatal del PAN, sino que lo hizo bajo la sombra de estas denuncias aún no resueltas.
Un historial marcado por la violencia
El caso de Gutiérrez Hernández no se limita a estas denuncias. Su historial de agresiones hacia mujeres ha sido señalado desde su época como diputado local, cuando fue acusado de presuntamente golpear y encerrar a Diana N., madre de sus hijos, en un domicilio ubicado en la calle Rosa Rivera, en Apetatitlán.
Más recientemente, durante la elección para la dirigencia estatal del PAN, ocurrida el pasado 6 de octubre, simpatizantes de Gutiérrez Hernández, presuntamente bajo sus órdenes, agredieron a varias mujeres, entre ellas a la diputada federal Mariana Jiménez Zamora. Estos actos de violencia han reforzado el apodo que muchos críticos le han dado: “El Golpeador Ángelo”.
¿Defensora de las mujeres o peón político?
Miriam Martínez, quien ha proclamado su lucha por los derechos de las mujeres, se encuentra ahora doblegada, según sus críticos, por el gobierno de Lorena Cuéllar. Su papel como legisladora se cuestiona cada vez más, especialmente cuando se omite cualquier postura contundente frente a las acusaciones que pesan sobre su esposo. ¿Es congruente una legisladora que dice defender a las mujeres mientras guarda silencio ante señalamientos de violencia de género en su entorno más cercano?
La Ley 3 de 3, aprobada en 2023 por el Senado de la República, establece claramente que aquellos acusados de violencia sexual, familiar o de género, así como de ser deudores alimentarios, no pueden ocupar cargos públicos. Sin embargo, en Tlaxcala, esta legislación parece no tener peso, ya que Gutiérrez Hernández no solo asumió un cargo político, sino que lo hizo bajo el manto protector de un sistema que ha permitido que las denuncias en su contra permanezcan sin resolución.
Exigen justicia y acción de la Fiscalía
Diversos colectivos y actores políticos han exigido a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala que haga su trabajo y actúe de manera contundente y transparente en las denuncias por delitos sexuales contra Ángelo Gutiérrez. Estas exigencias buscan evitar que el caso se diluya en la impunidad y garantizar que las víctimas encuentren justicia.
El silencio como estrategia
El ascenso de Gutiérrez Hernández como líder del PAN no solo refleja las inconsistencias legales, sino también las contradicciones éticas de quienes están llamados a defender la justicia y los derechos de las mujeres. Mientras tanto, la imagen de Miriam Martínez como defensora de las mujeres se tambalea, no solo por su relación con el acusado, sino por su aparente sometimiento a las dinámicas políticas de la administración estatal.
La pregunta pendiente
En un estado donde la Ley 3 de 3 se ha convertido en un mero adorno legislativo, las víctimas quedan relegadas, los agresores avanzan y las autoridades guardan silencio. ¿Dónde queda la congruencia de una diputada que, mientras su esposo es señalado por delitos graves, se muestra alineada con un sistema que perpetúa la impunidad? La respuesta, hasta ahora, sigue siendo el silencio.