• Exigen la inmediata intervención de las fiscalías de Puebla y Tlaxcala para poner un alto a estos caciques del transporte
En Tlaxcala, operadores del transporte público enfrentan no sólo los riesgos del tráfico y la presión del trabajo diario, sino también una preocupante serie de actos violentos que podrían configurarse como parte de una red de intimidación sistemática, de ahí que varios permisionarios de la empresa Autobuses Puebla-Tlaxcala-Calpulalpan S.A. de C.V. y Anexas, que prestan el servicio en la ruta Zacatelco-Chiautempan, han presentado denuncias formales por robo, amenazas y agresiones físicas en contra de integrantes de la propia organización, principalmente Othón Tuxpan Meneses, José Donaciano Fausto Tuxpan Meneses y Ever Pedraza Tuxpan.
Estos hechos, lejos de ser casos aislados, revelan un modus operandi violento y coordinado que incluye el uso de vehículos para bloquear unidades, armas blancas, armas de fuego, amenazas de muerte y el retiro forzado de placas vehiculares. Lo que está en juego no sólo es la seguridad de los operadores la integridad de las personas usuarias del transporte, sino también el patrimonio público, ya que las concesiones de transporte pertenecen al Estado y deben estar resguardadas por un marco de legalidad y respeto.
Patrones de violencia: tres casos, mismos agresores
De acuerdo con información proporcionada por los quejosos, en su calidad de permisionario- cesionario de la citada empresa, refieren que las denuncias ocurridas entre el 12 de mayo y el 4 de junio comparten un patrón común: el acoso directo y violento contra los operadores, por parte de individuos vinculados a la estructura empresarial de la misma línea de transporte.
Señalan quienes prefieren el anonimato por temor a represalias que el 12 de mayo, fue interceptado el operador de la unidad con placas de circulación 621-906W, la cual circulaba por Avenida 10 Poniente esquina 17 Norte, en la ciudad de Puebla, donde un vehículo tipo VolksWagen, tipo Beetle color rojo, sin placas, y una camioneta de modelo reciente, bloquearon su camino, descendiendo al menos cuatro personas armadas con pistolas y navajas, gritándole que iban por órdenes de Fausto Tuxpan y Othón Tuxpan, y exigiéndole que entregara las placas de la unidad, por lo que, procedieron a arrancar las placas de la unidad de forma violenta, advirtiéndole al operador que no “la hiciera de pedo o se lo llevaría la chingada”.
El 19 de mayo, en la carretera Puebla-Tlaxcala, a la entrada de Zacatelco, el operador de otra unidad fue emboscado por una camioneta Mazda CX-3. Nuevamente, Fausto y Othón Tuxpan, acompañados por dos hombres con tatuajes en rostro y brazos, lo amenazaron con navajas exigiendo las placas de la unidad 621-959W. Al resistirse, se las arrancaron por la fuerza, posteriormente, el operador realizó una llamada a Othón Tuxpan, para saber porque habían actuado así, respondiéndole este que “le iba a ir peor si actuaba legalmente, mínimo una madriza o hasta al panteón iba a dar”.
Finalmente, el 4 de junio, a las 8:30 a.m. en Picazo Sur, Chiautempan, un conductor de la ruta Zacatelco-Chiautempan fue interceptado por un automóvil rojo tipo sedán marca Seat y una camioneta negra Mazda, que bloquearon su paso. De los vehículos descendieron Othón Tuxpan y Ever Pedraza Tuxpan, quienes de forma agresiva le exigieron la tarjeta de circulación y le quitaron las placas A07166X con un desarmador, advirtiéndole con violencia que lo iban a “desmadrar”, hechos que quedaron documentados en video que el mismo operador pudo grabar con su celular desde el interior de la unidad.
Hechos que quedaron asentados en las carpetas de investigación integradas por la Fiscalías Generales de los estados de Tlaxcala y Puebla, respectivamente, en las que se puede confirmar que el hilo conductor de estos tres casos es la utilización del miedo como mecanismo de control. Lo más alarmante es que los presuntos agresores —que además fungen como representantes legales de la empresa— actúan con una sensación de impunidad preocupante.
Por lo que las víctimas, exigen la inmediata intervención de las fiscalías de los estados de Tlaxcala y Puebla para parar estos abusos de José Donaciano Fausto Tuxpan y Othón Tuxpan Meneses, señalados como representantes legales de la empresa, ya que actúan con una impunidad descarada, como si estuvieran por encima de la ley, como si nada ni nadie pudiera tocarlos.
Las víctimas han señalado que temen por su vida y la de sus familias, y que estas agresiones afectan no sólo su integridad personal, sino también su estabilidad económica, pues sin placas no pueden trabajar y quedan expuestos a sanciones administrativas por parte de la autoridad.
Estos casos no son simples conflictos internos, son síntomas de una crisis estructural donde la violencia, el amedrentamiento y el abuso de poder están poniendo en jaque el funcionamiento legal y seguro del transporte público en Tlaxcala. Si el Estado no recupera el control, los operadores seguirán siendo víctimas, y la ciudadanía —que depende de estos servicios— será la gran perdedora.