A la redacción llegó un video en el que se muestra un preocupante hecho ocurrido en uno de los itinerarios donde se presta el servicio de transporte público sobre la carretera federal Tlaxcala-Puebla (Ruta 119).
En las imágenes se observa cómo cuatro sujetos detienen una unidad de transporte público con pasaje a bordo, sin importarles la seguridad de los usuarios. Aunque no se aprecia claramente si los pasajeros fueron obligados a descender, sí se evidencia una agresión directa al operador, quien intentaba documentar los hechos con su teléfono celular.
En el material audiovisual, se ve cómo los agresores le arrebatan violentamente las placas de circulación a la unidad, impidiendo que continúe su ruta. El operador señala directamente a uno de los agresores como Othón Tuxpan, identificado como transportista de la empresa Flecha Azul, y a su sobrino, quienes habrían participado junto con dos personas más en esta acción para bloquear el servicio de transporte.
El hecho no solo representa un acto de violencia contra el trabajador, sino también una clara violación al derecho de las personas usuarias a una movilidad segura. En el video también se observa que los agresores utilizan una camioneta negra y un automóvil rojo para cerrarle el paso a la unidad, generando un bloqueo que también afectó a otros automovilistas particulares que transitaban por la vía.
De forma agresiva, los individuos le exigen al operador que entregue la tarjeta de circulación y, al no contar con ella, se retiran del lugar como si nada hubiese pasado. Esta situación ha generado indignación, ya que pone sobre la mesa preguntas urgentes:
¿Puede un transportista actuar con total impunidad, detener unidades, agredir operadores, y obstaculizar el libre tránsito sin ser sancionado?
¿Puede alguien poner en riesgo la integridad de los usuarios y el interés colectivo por encima de intereses personales o empresariales?
Este caso expone con claridad cómo algunos actores del sector transporte podrían estar actuando fuera del marco legal y en perjuicio de la ciudadanía. Esperando que, este material llegue a las autoridades competentes, quienes deberán investigar y tomar medidas contundentes para frenar este tipo de conductas que violan derechos fundamentales y ponen en riesgo la seguridad vial en una de las rutas más transitadas del estado.
