Demian MÁRQUEZ
Por segunda ocasión, la mayoría de diputados de la bancada de Morena en el Congreso, negaron la comparecencia de funcionarios del gobierno estatal y de la Fiscalía General de Justicia.
Lo que provocó señalamientos de sus homólogos de la oposición, sobre una posible intención de evitar que los titulares de las dependencias rindan cuentas ante el Poder Legislativo.
Con 20 votos a favor y cuatro en contra, la 65 Legislatura avaló el dictamen de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) que declaró “inviables” dichas solicitudes en el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.
Las peticiones fueron presentadas por las diputadas Laura Flores Lozano, del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala (PRDT), Blanca Águila Lima, diputada independiente y Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, del Partido Acción Nacional (PAN), quienes solicitaron la presencia de responsables de áreas clave como Seguridad, Salud, Turismo, Infraestructura, Impulso Agropecuario, la Secretaría de la Mujer y la propia Fiscalía.
Pese a haberse promovido dentro de los plazos legales y conforme a la Constitución local, la JCCP desechó los planteamientos sin ofrecer argumentos de fondo que justificaran la negativa.
Entre los casos rechazados resalta la solicitudes para que compareciera el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Martín Perea Marrufo, el cual se ha solicitado reiteradamente que rinda cuentas sobre la estrategia de seguridad en el estado.
La negativa causó la inconformidad de las legisladoras promoventes, toda vez que se suma este caso a un antecedente ocurrido el año pasado dónde también se negó la comparecencia de funcionarios, reforzando la percepción de que la mayoría parlamentaria opta por cerrar el paso a ejercicios de fiscalización directa.
