Un médico de Argentina que practica ginecología fue hallado
culpable de negarse a realizar un aborto legal a una joven mujer, víctima de
violación.
El médico, Leandro Rodríguez Lastra, fue hallado responsable
de incumplir sus deberes como funcionario público cuando se negó a realizar un
aborto legal a una joven de 19 años que había sido violada y embarazada por un
familiar en la ciudad de Cipolleti en 2017.
Debido a la negligencia del doctor, la joven permaneció internada
en un hospital público hasta el momento de parir.
Un juez de lo administrativo dará a conocer la sentencia de
Rodríguez Lastra en los próximos días. La pena a la que es acreedor el médico
tiene un máximo de dos años, por lo que no se prevé que vaya a la cárcel.
La sentencia podría, sin embargo, inhabilitarlo para el
ejercicio de su profesión por el doble de tiempo que lo establecido en la
sentencia correspondiente.
Al salir del juicio, un grupo de manifestantes antiaborto
esperaba al médico, a quien se acercaron para darle apoyo.
Esto es solamente un revés y voy a seguir luchando. La
Justicia no es lo que pasó recién, vamos a seguir con más fuerza todavía y la
Justicia va a prevalecer”, dijo el médico al salir de la audiencia, ante un
grupo de manifestantes provida que se acercaron a darle apoyo.
El juicio contó con declaraciones del especialista, la
afectada, familiares y personal del hospital involucrado en el caso.
El incidente
El 2 de abril de 2017, la joven fue trasladada al hospital
Pedro Moguillansky de Cipolleti desde un centro de salud. Presentaba fiebre y
dolor abdominal.
Al ser atendida por Rodríguez Lastra, entonces jefe de
ginecología de la institución, la paciente explicó que estaba embarazada y que
ingirió un fármaco para provocarse un aborto.
Después de que análisis revelaran que el feto tenía 22
semanas de gestación, Rodríguez Lastra decidió no interrumpir el embarazo,
argumentando que podría poner en riesgo la vida de la madre y del feto, aunque
ignorando las recomendaciones y avisos de los profesionales que la habían
transferido a su departamento.
La mujer continuó con la gestación hasta la semana 35,
momento en que nació el bebé por parto inducido.
El fiscal Santiago Márquez Gauna consideró que el ginecólogo
no respetó el deseo de la víctima y se negó a realizar el aborto, reglamentado
en las leyes provinciales, porque no le creyó a la víctima cuando explicó haber
sido violada, ni tampoco le creyó a los profesionales que se comunicaron con
él.
