Por Héctor A. Villalva
En nuestro país, hay más de 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad, ahora bien, no se trata de solo de cifras, son personas, y tenemos que hablar sobre los retos, acciones de apoyo y de cómo se garantizan sus derechos.
El Estado, por ley, debe promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y libertades fundamentales para este sector de la población, y debe asegurar su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades
Los datos de la última Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2022, confirman la persistencia del trato desigual y falta de respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, en particular hacia las mujeres.
Por ello, el gobierno que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros, ha implementado políticas públicas enfocadas en la situación de las personas con discapacidad. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) ha brindado atención a siete mil 286 mujeres y niñas con alguna discapacidad.
Esto a través de sus diferentes programas como terapias de rehabilitación, capacitación y vinculación laboral, y entrega de aparatos funcionales, entre otros. Las mujeres con discapacidad han encontrado en el Sistema Estatal DIF un aliado que avanza con ellas y ellos en la búsqueda de un estado incluyente.
La presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar ha sido clara en este sentido al señalar que el principal compromiso es con las personas que enfrentan el reto diario de salir a la vida y “conquistar sus sueños, sobre todo con las mujeres y niñas que enfrentan alguna discapacidad”.
Son diversas las acciones que se han realizad, como, por ejemplo, a través del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema Estatal DIF, durante el año 2022 brindó 6 mil 650 terapias de rehabilitación física, de lenguaje, ocupacional, psicológica.
De igual forma, se han llevado a cabo traslados y pláticas en las 43 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) estatales y municipales a niñas y mujeres con discapacidad.
A un año más de gobierno se entregaron 335 aparatos funcionales a niñas y mujeres, de ellas nueve recibieron ayudas funcionales especiales a través de la adquisición y entrega de sillas de ruedas activas y cojines antiescaras, con esto se mejoran sus habilidades y capacidades para llevar a cabo distintas tareas cotidianas.
Para el actual gobierno, queda claro que la discapacidad no puede ser un motivo ni criterio para privar a las personas de acceso a programas de desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos.
