CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-México es tan clasista que hasta en la tragedia se evidencian los códigos postales. Si un grupo armado y encapuchado hubiese echado tiros contra los aficionados de la Plaza México, un domingo de corrida, la noticia se habría elevado hasta la primera plana de los diarios internacionales.
Pero Zacacoyuca, Iguala, no es la Ciudad de México ni el público que fue al jaripeo del domingo 2 fuma puro ni se codea con el poder del dinero.
Acaso por esta razón principal en Iguala las cosas están peor que hace cinco años y cuatro meses, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Si todos importáramos lo mismo el Estado mexicano se habría invertido, de cuerpo entero, para desmantelar las redes criminales que unieron y siguen uniendo a los poderes político, militar, policial y delincuencial en el estado de Guerrero.
A los normalistas no se los llevó una nave espacial: los desapareció una empresa formada por delincuentes que es la máxima autoridad sobre ese territorio.
Porque esa región de Guerrero no importa al resto del país, después de la desaparición de los muchachos, en vez de acortarse se fortaleció el poderío de los perpetradores.
Primero, la organización de Los Rojos aprovechó para ganar terreno a sus adversarios, Los Guerreros Unidos. Desde Iguala hasta Cuernavaca esa banda criminal impuso un régimen de terror que, sin importar la baja de algunos de sus líderes, ha sembrado mucha sangre entre las poblaciones.
Sólo una mezcla de indolencia y complicidad podría explicar este fenómeno nefasto. Las desapariciones, los asesinatos, los secuestros, la extorsión y los ajusticiamientos no han disminuido nada, en esa geografía, desde 2014.
Algunos supusimos, también de manera equivocada, que Los Guerreros Unidos pagarían por sus atrocidades. Siendo esta organización la que presumiblemente fue responsable material de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, era de esperarse que iba a ser desmantelada en todas sus partes.
