Ximena MARTELL
La crisis de basura que hoy golpea a Tlaxcala tiene responsables políticos con nombre y apellido. Los plazos para regularizar los cuatro sitios de disposición final vencieron durante el gobierno de Héctor Ortiz Ortiz, encabezado por una coalición electoral liderada por el Partido Acción Nacional (PAN), sin que se concretaran las acciones necesarias para corregir las deficiencias ambientales.
Los cuatro basureros de la entidad surgieron entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, cuando todavía no existían las exigencias ambientales que actualmente deben cumplir este tipo de instalaciones.
Sin embargo, la oportunidad para poner orden llegó en 2004, con la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, el 20 de octubre de ese año, misma que entró en vigor el 19 de diciembre.
La disposición federal fue clara: los responsables de los sitios existentes tenían un año para presentar sus respectivos planes de regularización. El plazo venció el 19 de diciembre de 2005, cuando Héctor Ortiz Ortiz gobernaba Tlaxcala.
Pero eso no fue todo. Después de presentar los planes, las autoridades disponían de un máximo de seis meses para determinar si autorizaban la continuidad de las operaciones o establecían el cierre de los sitios. Incluso si los documentos se hubieran presentado el último día permitido, la resolución tendría que haberse emitido a más tardar el 19 de junio de 2006, todavía durante aquella administración.
Pese a estas obligaciones, de acuerdo con los antecedentes institucionales referidos, no se concretaron los procedimientos de regularización ni las clausuras correspondientes. Los basureros siguieron operando durante años sin acreditar las condiciones ambientales exigidas por la normatividad federal.
El tiempo pasó y el problema continuó acumulándose hasta que, en 2024, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) detectó incumplimientos de la NOM-083 en los sitios de Panotla, Huamantla, Calpulalpan y Atlangatepec.
A partir del 8 de abril de 2024, la autoridad federal impuso medidas de clausura parcial en estas instalaciones, poniendo nuevamente sobre la mesa un problema que llevaba años sin resolverse.
La cronología es contundente: el PAN encabezaba el gobierno estatal cuando vencieron los plazos legales para regularizar los basureros. La oportunidad de atender las deficiencias estaba sobre la mesa, pero las acciones correspondientes no se concretaron.
Hoy, dos décadas después, Tlaxcala enfrenta las consecuencias de una problemática que pudo comenzar a corregirse desde 2004. La pregunta es inevitable: ¿por qué las autoridades de aquella administración dejaron pasar los plazos y permitieron que los sitios continuaran operando sin acreditar el cumplimiento de la norma?
La crisis actual no apareció de la noche a la mañana; tiene antecedentes, fechas y decisiones que también deben ponerse bajo la lupa.
