Lorenzo HERNÁNDEZ
La diputada local del PAN, Miriam Martínez Sánchez, pidió al Gobierno de Tlaxcala revisar la continuidad del convenio con el IMSS-Bienestar, al señalar presuntas deficiencias en el suministro de medicamentos, la atención hospitalaria y las condiciones laborales del personal de salud.
La legisladora anunció que promoverá un exhorto ante el Congreso estatal para solicitar una evaluación del acuerdo y de sus resultados.
Durante una conferencia de prensa, Martínez Sánchez sostuvo que las fallas en el sistema afectan directamente a los pacientes, quienes, afirmó, deben comprar por su cuenta los medicamentos que no encuentran en hospitales y centros de salud.
Citó cifras del Inegi según las cuales, en 2024, alrededor de 576 mil 200 personas en Tlaxcala carecían de acceso a servicios de salud, equivalentes al 39.3 por ciento de la población.
La legisladora también cuestionó los datos oficiales sobre el abasto de medicamentos y pidió publicar información detallada por hospital y unidad médica, con las claves faltantes, las recetas surtidas de manera completa y los tratamientos interrumpidos.
Además, solicitó transparentar las compras extraordinarias, revisar el funcionamiento de los equipos médicos y atender las demandas laborales del personal sanitario.
Como parte de su propuesta, la coordinadora estatal de la organización panista Defensa de la Patria, Familia y Libertad planteó que se analice jurídicamente la posible terminación del convenio para que el estado recupere la administración de los servicios transferidos, siempre que existan condiciones para garantizar presupuesto, personal, medicamentos y continuidad en los tratamientos.
Aseguró que el PAN presentará el exhorto durante esta semana y buscará que el Gobierno estatal explique qué medidas ha tomado ante las carencias señaladas.
Martínez Sánchez calificó al modelo del IMSS-Bienestar como un fracaso y contrastó su funcionamiento con el de entidades gobernadas por el PAN, como Guanajuato, Chihuahua y Aguascalientes, cuyos porcentajes de abasto citó durante su intervención.
No obstante, sostuvo que cualquier decisión debe sustentarse en una evaluación de resultados y en mecanismos que eviten dejar a los pacientes en medio de diferencias entre autoridades estatales y federales.
