Pensar, decir y hacer: responsabilidad de la 4T
Vicente Morales Pérez
Francisco I. Madero nació el 30 de octubre de 1873. Han transcurrido 153 años y, sin embargo, algunas de las preguntas que marcaron su vida continúan presentes en la política mexicana: ¿de dónde proviene la legitimidad del poder?, ¿qué límites debe tener un gobernante?, ¿cómo deben convivir las mayorías con quienes piensan diferente?
Recordar a Madero significa, inevitablemente, hablar de democracia.
A principios del siglo XX, México había conseguido estabilidad y crecimiento económico durante el Porfiriato, pero el poder permanecía concentrado y las posibilidades de una auténtica competencia política eran limitadas. Madero entendió que ningún progreso material podía sustituir indefinidamente la necesidad de libertad y participación ciudadana.
Su primera apuesta no fue por las armas. Fue por las ideas. En La sucesión presidencial en 1910 defendió la participación política, la organización ciudadana y la necesidad de elecciones auténticas. Recorrió el país, organizó el movimiento antirreeleccionista y desafió políticamente al régimen de Porfirio Díaz.
“Sufragio efectivo. No reelección” terminó convirtiéndose en mucho más que un lema. Expresaba una convicción fundamental: nadie debe apropiarse indefinidamente del poder y ninguna voluntad individual puede colocarse por encima de la voluntad popular.
Después vendrían su encarcelamiento, el Plan de San Luis, el llamado del 20 de noviembre de 1910 y el movimiento revolucionario que terminaría modificando el rumbo de México. Pero quizá la parte más interesante de la historia de Madero comenzó después de la victoria. Porque defender la democracia desde la oposición es relativamente sencillo. El verdadero desafío aparece cuando se gobierna.
Madero llegó a la Presidencia enfrentando enormes contradicciones. Las demandas sociales acumuladas durante décadas exigían respuestas inmediatas; algunos revolucionarios consideraban demasiado lento su gobierno; las estructuras del antiguo régimen conservaban fuerza y distintos grupos conspiraban contra él. Existe, sin embargo, un principio que merece recordarse: buscó preservar libertades incluso frente a quienes lo criticaban.
Ahí existe una enseñanza profundamente vigente. Quien exige libertad cuando está en la oposición debe garantizarla cuando gobierna. Quien reclama respeto para las minorías debe ofrecerlo cuando forma parte de la mayoría. Quien demanda instituciones imparciales debe respetarlas también cuando sus decisiones no coinciden con sus intereses.
La democracia no puede cambiar sus reglas dependiendo de quién ocupa temporalmente el poder. Tampoco puede reducirse al día de las elecciones. Democracia significa participación, pluralidad, deliberación, instituciones y respeto a la ley. Significa entender que quienes piensan distinto no necesariamente son enemigos y que un Congreso debe ser precisamente el espacio donde las diferencias políticas encuentren cauces institucionales y argumentos.
Pero nuestra experiencia histórica también nos enseñó que la democracia necesita contenido social. No basta preguntar quién gobierna. También debemos preguntarnos para quién se gobierna. Las libertades políticas deben caminar junto a la justicia social. Una democracia se fortalece cuando permite elegir libremente a los gobernantes, pero también cuando sus instituciones trabajan para disminuir desigualdades, ampliar derechos y generar oportunidades para quienes históricamente han permanecido al margen.
Por eso democracia y transformación no son conceptos opuestos. México necesita ambas. Necesita gobiernos capaces de transformar realidades y ciudadanos capaces de exigirles cuentas; mayorías que puedan ejercer legítimamente el mandato recibido en las urnas y minorías que puedan expresarse con libertad; instituciones fuertes y representantes populares cercanos a la gente.
Cada generación recibe la democracia construida por quienes estuvieron antes, pero ninguna puede considerarla terminada. Hay que reconstruirla todos los días. Se construye cuando un ciudadano participa. Cuando un legislador escucha. Cuando las diferencias se enfrentan con argumentos. Cuando la crítica encuentra respuesta y no descalificación. Cuando las instituciones recuerdan que el poder público tiene un origen y un destinatario: el pueblo.
La vida de Madero terminó trágicamente en febrero de 1913. Un golpe militar destruyó su gobierno y culminó con su asesinato, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez.
Pudieron terminar con su gobierno y con su vida. No pudieron terminar con aquella idea. A 153 años de su nacimiento, Francisco I. Madero continúa recordándonos que ganar una elección no agota la democracia. La democracia comienza en las urnas, pero debe continuar en la manera de ejercer el poder.
Los gobiernos pasan. Los partidos cambian. Las mayorías de hoy pueden convertirse en las minorías de mañana. Por eso las instituciones importan. Y por eso permanece vigente aquella enseñanza que atraviesa nuestra historia: el poder verdaderamente democrático nace de la voluntad popular, encuentra sus límites en la ley y solamente conserva su legitimidad cuando se ejerce para servir al pueblo.
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