Lorenzo HERNÁNDEZ
El secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, evitó ofrecer una explicación concreta sobre la presencia de propaganda con el nombre e imagen de Alfonso Sánchez García dentro de Casa de Gobierno y se limitó a señalar que existe una investigación interna para determinar lo ocurrido.
La respuesta oficial, sin embargo, no aclaró quién ingresó el material, cómo llegó al inmueble ni bajo qué circunstancias se habría utilizado un espacio gubernamental para una actividad presuntamente política.
Cuestionado directamente sobre su afirmación de que los hechos no ocurrieron en Casa de Gobierno, el funcionario tampoco presentó elementos que permitieran sostener esa conclusión.
Ante la posibilidad de que las imágenes difundidas correspondieran a un montaje o incluso al uso de inteligencia artificial, Ramírez Hernández respondió que sería “aventurado” fijar una postura mientras continúan las investigaciones, dejando sin resolver la contradicción entre la existencia de material gráfico y la negativa inicial del gobierno estatal.
El secretario aseguró que la administración estatal no ha utilizado instalaciones, personal, recursos económicos o dinero público para favorecer a algún partido político.
No obstante, la declaración se mantiene en el terreno de la afirmación, pues no informó si la investigación interna ya identificó a los responsables, si existen registros de acceso al inmueble, qué funcionarios fueron interrogados o si se determinó quién colocó la propaganda atribuida al aspirante morenista.
Ramírez Hernández sostuvo que serán las autoridades electorales, y en su caso instancias como la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía General de la República, las que determinen responsabilidades.
Con ello, el gobierno estatal opta por esperar una resolución externa en lugar de transparentar de manera inmediata los resultados de su propia investigación, pese a que se trata de instalaciones bajo responsabilidad gubernamental.
Mientras el secretario insiste en garantizar imparcialidad para los partidos rumbo al próximo proceso electoral, permanece abierta la principal pregunta: ¿cómo llegó propaganda política de un aspirante a un inmueble gubernamental y quién permitió su presencia?.
Hasta ahora, la respuesta oficial no esclarece ese punto y mantiene el episodio en una zona de incertidumbre que difícilmente abona a la transparencia que el propio gobierno asegura defender.
