Por: Ángelo Gutiérrez Hernández
Solo 15 largos días pasaron en los que el gobierno de Claudia Sheinbaum exigió pruebas y más pruebas sobre los presuntos nexos del narco gobierno de Rubén Rocha Moya con el crimen organizado. 15 días de discursos, evasivas y defensa automática desde Palacio Nacional.
Y al final, las pruebas no llegaron en sobres diplomáticos ni en conferencias mañaneras, sino que éstas cruzaron solitas la frontera para entregarse ante la justicia de Estados Unidos.
Vaya ironía.
Mientras NarcoMorena insistía en vender la historia del “golpeteo político”, dos exfuncionarios clave del gobierno sinaloense decidieron poner pies en polvorosa y ponerse en manos de fiscales norteamericanos.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, entendieron rápidamente algo que en México parece imposible que cuando el barco se hunde, los primeros en saltar son quienes saben demasiado.
Y ambos y otros ocho ex funcionarios del Narcogobierno de Sinaloa saben demasiado porque formaban parte del círculo íntimo de Rubén Rocha Moya.
La narrativa oficial se cae a pedazos. Primero dijeron que no existían pruebas; después, que era una campaña de desprestigio; ahora guardan silencio mientras las investigaciones avanzan en Nueva York y Arizona.
Porque allá no bastan las conferencias mañaneras ni los “otros datos” ni la mafia del poder, allá los hechos desmoronan discursos.
Lo verdaderamente delicado para Claudia Sheinbaum no es solamente el escándalo judicial, sino la necedad de cuidar el desprestigio heredado.
Ese es el costo político de proteger el legado de Andrés Manuel López Obrador, porque hay que recordar que fue el propio expresidente quien sentenció alguna vez que un mandatario “lo sabe todo”.
Y si eso es cierto, entonces López Obrador supo perfectamente quién era Rubén Rocha, qué ocurría en Sinaloa y quiénes operaban alrededor de su gobierno. El peje por su boca muere y aquí esto ya apesta.
La Presidenta con A debe entender que jugar a no romper lealtades le va a salir carísimo y más a nuestra nación.
Hoy Morena enfrenta el monstruo que alimentó durante años, su pacto con el crimen, aderezado con gobernadores intocables, fiscalías sometidas y políticos convertidos en operadores de grupos criminales.
El problema es que la realidad ya alcanzó a Palacio Nacional aunque lo nieguen. La realidad supera sus discursos.
Mientras la FGR y la Cancillería siguen fingiendo demencia, Estados Unidos avanza. Congelan cuentas, integran expedientes y reciben testigos cooperantes. Y cada funcionario que se entrega parece mandar el mismo mensaje de que en México no confían en la justicia porque saben perfectamente quién protege a quién.
Lo mismo ocurre con los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán en el gobierno de López Obrador, quien aseguran que su detención por el caso millonario del huachicol fiscal solo es un chivo expiatorio para cuidar a altos funcionarios por ese y otros delitos cometidos al amparo de gobierno de Morena.
Por eso NarcoMorena se desmorona. Sus abusos y excesos de quienes se presentaron como distintos, los hunde, ya que las lealtades criminales siempre terminan quebrándose cuando uno de ellos pisa la cárcel y aquí ya van varios.